CIUDAD DE MÉXICO
Un juez federal ordenó ayer la aprehensión de Emilio Lozoya, su hermana, su madre y su esposa, por la casa que la cónyuge del ex director de Pemex adquirió en Ixtapa mediante la representación de un abogado de Altos Hornos de México (AHMSA).
El Juez de Control del sistema penal acusatorio también instruyó la captura de Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió la casa en cuestión, en 1.9 millones de dólares, en una operación que la Fiscalía General de la República (FGR) presume que se trató de un soborno de la empresa de Alonso Ancira para el ex director de la petrolera.
Aguilera, al igual que Lozoya y su esposa Marielle Helene Eckes, así como su hermana Gilda y su madre Gilda Margarita Austin, ahora son buscadas en todo el mundo, ya que la Interpol giró una ficha roja para localizarlas, informó la FGR.
“Estas mismas personas cuentan con Ficha Roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Pemex”, explicó la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero.
“Este asunto, que se inició en enero de 2017 y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados”.
Por la tarde, la defensa del ex director de Pemex presentó un amparo contra la nueva orden de aprehensión.
El abogado Javier Coello explicó que, por estrategia, en lo inmediato no presentaría amparos a nombre de la esposa de su cliente, su hermana y su madre.
“Nosotros presentamos este nuevo amparo para conocer de qué se trata a detalle esta nueva orden de aprehensión. De momento sólo sabemos lo que dice la Fiscalía General de la República (...) nada más falta que persigan al tío, al otro hermano, al padre”, indicó.
Según informes judiciales, las órdenes de captura fueron otorgadas por un juez federal del Reclusorio Norte, al que pertenece el juzgador que libró la primera captura contra Lozoya por lavado de dinero, a fines de mayo.
En julio de 2013 la esposa de Lozoya compró una casa de 3 mil 578 metros cuadrados, con una construcción de 934 metros cuadrados, en el exclusivo condominio Quinta Mar de Ixtapa.
El valor del inmueble fue de 1.9 millones de dólares y la operación de compra la llevó a cabo, en representación de Marielle Helene, el abogado Juan Carlos Quintana, quien en ese momento estaba contratado como secretario de los comités de auditoría y de prácticas societarias de AHMSA, un cargo externo.
Para la FGR, esta adquisición podría ser un soborno, ya que el 31 de julio del mismo año, una filial de Pemex aprobó la adquisición de la planta chatarra de Agro Nitrogenados a AHMSA.