Ayer se cumplieron 10 meses del asesinato del joven ingeniero Juan Daniel “N”, en Río Bravo, Tamaulipas, y 5 de los 8 policías estatales presuntos responsables del homicidio continúan prófugos, entre ellos, el comandante Luis Enrique Contreras Izaguirre.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas detuvo a los agentes Adán Wilfredo Martínez Hernández, Oscar Alberto Ocampo Olea y Luis Roberto Jaramillo Cedillo. Todos fueron vinculados a proceso. Los primeros dos se encuentran recluidos en el penal de Reynosa y el último en Victoria.
Juan Daniel, ingeniero de 23 años, fue asesinado el viernes 7 de febrero de 2020, aproximadamente a las 21 horas. Un grupo de policías estatales dispararon contra el empleado de la maquiladora EATON-Reynosa, quien se dirigía a comprar a una tienda de conveniencia en la colonia Río Bravo 2, a bordo de una camioneta blanca Chevrolet tipo Silverado.
La muerte de Juan Daniel “N” salió a la luz pública debido a que un usuario de redes sociales difundió 2 videos del asesinato. Al día siguiente, el gobierno de Tamaulipas, obligado por la difusión de los materiales, afirmó que hombres armados viajaban en la camioneta que conducía Juan Daniel, pero tras una persecución huyeron y el conductor perdió control de la unidad. “Hubo una persona muerta que quedó a un costado de una camioneta dentro de la cual había ponchallantas y cargadores. Se aseguró un arma larga”, aseguró el gobierno.
La familia Ortiz Cepeda protestó por el asesinato de Juan Daniel “N” durante el 8 y 9 de febrero. En las marchas, su madre María Guadalupe Martínez Cepeda narró la noche del 7 de febrero. El joven de 23 años salió a comprar cerveza, a los pocos minutos, la familia escuchó los disparos y lo llamaron para alertarlo. Lograron comunicarse y escuchar que el ingeniero gritaba a los agentes que no le dispararan. Su familia llegó al lugar del hecho cuando seguían las detonaciones. “Ese fue un asesinato, esos policías me arrebataron a mi hijo que porque lo confundieron”, afirmó el padre Diego.
El 8 de febrero, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron que los 8 policías implicados en el hecho había sido concentrados en las oficinas de Ciudad Victoria. Para el 12 de febrero de 2020, cuando el Juzgado de Control otorgó las órdenes de aprehensión en la carpeta procesal 139/2020, los policías escaparon de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Irving Barrios Mojica.
El pasado 8 de octubre, en la inauguración del centro de justicia estatal, la familia Ortiz Cepeda protestó ante el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el fiscal Barrios Mojica, el titular del Poder Judicial del Estado, Horacio Ortiz Renán, y el secretario general de gobierno, César Verástegui Ostos. El mandatario tamaulipeco habló con la señora María Guadalupe y el señor Diego apenas un minuto afuera de las instalaciones judiciales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una indagatoria por el homicidio, de la cual emitió una recomendación donde señala omisiones de 2 elementos de la Fiscalía y la responsabilidad por parte de 8 policías, que estaban al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Vicealmirante Augusto Cruz Morales, quien renunció el 21 de julio, sin admitir el asesinato.
La investigación de la CNDH arrojó datos preciso del caso. El 7 de febrero, el Ministerio Público de la FGJ adscrito a Río Bravo inició la carpeta de investigación, con las primeras pruebas y testimonios de la familia. La primera decisión del Ministerio Público fue vincular solamente a elementos de 2 de las 4 patrullas que encontró al llegar a la escena del crimen. Dicha actuación impidió conocer el grado de participación y deslindar las responsabilidades penales.
Un mes después, el 16 de marzo, uno de los policías que condujo la patrulla 2 dio su testimonio de la noche del 7 de febrero a la CNDH:
“como un minuto después posterior a que se inspeccionara el área me acerque a la camioneta blanca, observando a un joven sin vida, tirado a un costado de la camioneta del lado del copiloto, en esos momentos ya habían arribado también unidades de la Policía Estatal de en Reynosa, Tamaulipas, en ese momento, el comandante [AR2] le ordenó a [AR4] y [AR3], que bajaran un arma larga tipo cuerno de chivo que estaba en los asientos traseros de la unidad [patrulla 2] esta arma no es de la que nos proporciona la dependencia de Seguridad Pública, y desconozco de donde la obtendría el Comandante [AR2], (…), el comandante [AR2] ordenó que dicha arma se la entregaran a los compañeros de Reynosa, posteriormente llegaron de periciales y me acerque a donde estaba la persona fallecida y observe que el arma que antes mencione estaba en las manos del cuerpo sin vida, desconociendo quien se la haya colocado, aclarando que cuando lo vi por primera vez el cuerpo no tenía el arma en sus manos (…)”, refiere el policía testigo.
La Unidad de Servicios Periciales encontró un arma de fuego larga tipo fusil de asalto, con cargador abastecido con 6 cartuchos 1 tiro en la recámara; un cargador abastecido con 25 cartuchos hábiles; 3 cartuchos hábiles; cartucho hábil; un cargador “A” abastecido con 16tiros hábiles; cargador “B” abastecido con 30 tiros hábiles y 3 casquillos percutidos. Los indicios recolectados al día siguiente fueron: 3 casquillo percutido calibre .223, uno casquillo percutido calibre 7.62x39y una esquirla de proyectil de arma de fuego.
INFORME Y PRUEBA
emitido por un perito de la FGJ refutó que Juan Daniel “N” haya disparado un arma de fuego. Además, el dictamen de balística con la prueba de Griess, con fecha de 11 de febrero de 2020, rechazó que el arma encontrada dentro de la camioneta de la víctima fue disparada el 7 de febrero o en meses anteriores.
La camioneta en la que viajaba Juan Daniel “N” recibió 242 e impactos producidos por proyectiles disparados por arma
de fuego. De los cuales, 214 presentaron características de entrada y 28 de salida. Para la CNH, el uso excesivo de la fuerza “…evidenció la forma injustificada y desproporcionada en la que actuaron los elementos de la SSP-Tamaulipas en contra de la víctima, ya que dispararon en múltiples ocasiones hacia la camioneta en la que viajaba”.
Juan Daniel “N” murió por heridas por proyectil de arma de fuego penetrante en la región del cráneo, tórax y abdomen.
La CNDH sostiene que el médico forense realizó una autopsia deficiente, que impidió conocer penetración, direcciones y trayectorias de los proyectiles.
“Con su actuar, AR10 incumplió con su obligación establecida en el articulo 9, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que establece que los servidores públicos de la Fiscalía actuaran con
profesionalismo, realizando sus funciones con apego a los más altos niveles técnicos, de empatía, compromiso, diligencia y desempeño ético”, determinó la CNDH.
A diez meses del asesinato se desconoce si el gobierno de Tamaulipas, en especial la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de José Jorge Ontiveros Molina, atendieron la recomendación de la CNDH y sancionaron al personal judicial que con su actuar evitó el esclarecimiento del homicidio.