CIUDAD DE MÉXICO
Mientras la modificación a la legislación local suprime la palabra "privada" del texto constitucional, a nivel federal se aprobó la elección de jueces por voto popular, un hecho que alarmó a los ciudadanos ante los posibles riesgos a propietarios de inmuebles.
Como respuesta, autoridades afirmaron que no había peligro. Sin embargo, el ex funcionario consideró que no se puede descartar.
"La propiedad privada debería continuar como un principio rector dentro de nuestra Constitución y no como una referencia al Artículo 27, en donde dice que la propiedad de los bienes, de las tierras, de aguas y subsuelo y espacio aéreo, corresponden a la Nación, es decir, al Estado, entonces tiene un propósito estatista.
"Yo creo que el riesgo de alguna manera puede estar latente, frente a un Gobierno que está haciendo de la Constitución lo que quiere. Después de ver lo que lo que pasó con el Poder Judicial, pues cualquier cosa puede pasar", advirtió.
La incertidumbre de la ciudadanía llevó al Jefe de Gobierno, Martí Batres, a explicar las implicaciones de la modificación y reiteró que no tenía ningún impacto.
En ese sentido, Morales Lechuga cuestionó que, si no había un motivo de fondo para el cambio, entonces no existía razón para realizarlo.
Apuntó que no se requería homologar la Constitución local con la federal, debido a que esta última tiene vigencia en todo el territorio nacional y está por encima de cualquiera de las que puedan tener las entidades.