CIUDAD DE MÉXICO
La orden del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de que a partir del próximo lunes todos los juzgados y tribunales reanuden sus actividades, fue rechazada por los juzgadores.
Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), afirmó que no levantarán el paro de labores, porque el reinicio de actividades les impide continuar con la batalla legal contra la reforma judicial e incidir en la legislación de sus normas secundarias.
La también secretaria de acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo lamentó en conferencia que la Judicatura tomara la decisión de reanudar actividades, sin tomar en cuenta a los trabajadores judiciales.
"Nosotros no hemos terminado, aún tenemos otras actividades que llevar a cabo y, si regresamos a laborar, el trabajo tan exigente que tenemos dentro del PJF no nos permitiría llevar a cabo esas otras acciones, porque esta lucha no ha terminado. Faltan las instancias legales, faltan algunas otras acciones, como buscar acercamiento con diputados y senadores respecto de las leyes secundarias, son varias cosas que todavía no hemos concluido y, para eso, necesitamos tiempo", dijo Aguayo en las escalinatas del CJF.
-¿Podemos decir que hasta este momento sentamos el paro?-, se le cuestionó.
"El paro continúa", respondió.
En nombre de empleados del PJF en la Ciudad de México, Aguayo entregó un escrito al CJF para solicitar la participación de los trabajadores en la mesa de diálogo que se llevará a cabo hoy.
En dicha reunión, representantes de los sindicatos del PJF y de los impartidores de justicia solicitarán al CJF que les garantice que no disminuirán sus salarios y no se verán afectadas sus prestaciones con la desaparición de los fideicomisos.
"Nos recibieron un escrito porque advertimos con tristeza que no nos incluyeron en una mesa de diálogo. Si bien es cierto que incluyeron a los representantes de sindicatos, la lucha que ejercemos hoy es porque esos líderes sindicales jamás nos han defendido y no nos representan, por eso estamos todos aquí, porque nosotros nos estamos defendiendo por nosotros mismos", dijo Aguayo.
Cuestionó que el CJF reanudara el regreso a las actividades jurisdiccionales, pese a que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ya había planteado la semana pasada continuar con el paro en forma indefinida.
"La Jufed emitió un comunicado en el sentido de que se prorrogaba la suspensión de labores. Jufed mismo, como Asociación de Magistrados y Jueces, lo estableció en ese comunicado. Entonces, ahora también por eso se nos hace mucho más extraño que de manera anticipada se haya dicho que se reinician los plazos legales cuando había un pronunciamiento".
Ayer, la Jufed rechazó el levantamiento de la suspensión de actividades en todo el País, acordado la Judicatura.
La asociación civil, que agrupa a mil 400 de los mil 700 impartidores de justicia federales, condicionó también la reanudación de actividades a los resultados de la mesa de diálogo con el CJF, programada para hoy.
El miércoles, el CJF acordó que a partir del próximo 23 de septiembre todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito reanudarán sus actividades y los plazos y términos legales de sus procedimientos.
Sobre si levantarían el paro de labores, en caso de que mañana así lo determinen los participantes en la mesa de diálogo, Aguayo Bernal respondió que tendrían que valorarlo.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, adscritos al Primer Primer Circuito, jurisdicción que corresponde a la Ciudad de México, anunciaron que no reanudarán actividades.
El personal judicial reprobó el "menosprecio" de la mayoría de los consejeros del CJF, que aprobaron la reanudación de actividades sin antes garantizarles sus derechos laborales.
Para reabrir los órganos jurisdiccionales, el personal judicial puso como condición que el CJF les garantice que no habrá acciones legales contra quienes han protestado.
También, que la desaparición de fideicomisos no tendrá como consecuencia la pérdida de prestaciones o la disminución del salario.
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REFORMA