Ciudad de México
Dependencias del Gobierno federal han persistido en adquirir bienes y servicios mediante adjudicaciones directas pese al riesgo de corrupción que entrañan, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Tras realizar un análisis de las compras públicas registradas entre 2019 y lo que va de 2024, el IMCO encontró que se han mantenido prácticas de riesgo, pues no sólo se han privilegiado las adjudicaciones directas, sino que también se ha comprado con opacidad y a empresas de reciente creación.
SE MANTIENEN
"Desde 2020 se han identificado instituciones que adjudican directamente más del 90 por ciento del monto contratado. En 2020, 99 por ciento del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX) fue adjudicado directamente. En 2021, 89 por ciento del monto contratado por el Banco del Bienestar mostró la misma
característica.
"En 2022, Diconsa gastó 19 mil 734 millones de pesos en compras públicas y 90 por ciento se adjudicó directamente", señaló.
La Constitución establece que la adquisición de bienes y servicios, así como la realización de obras públicas deberá realizarse mediante licitación pública, es decir, a través de un procedimiento abierto de competencia entre proveedores para garantizar que el Estado compre en las mejores condiciones de precio y calidad.
Sólo cuando lo anterior no resulte idóneo, se podrá contratar mediante invitación restringida o adjudicación directa.
CONVERTIDA EN REGLA
De acuerdo con los datos del IMCO, la excepcionalidad se ha convertido en la regla en algunas instituciones gubernamentales, lo que abre la puerta a que se cometan actos de corrupción.
El Instituto señala que en 2023 se adjudicaron de manera directa contratos por un monto de 137 mil 958 millones de pesos, que si bien es el segundo menor monto registrado en los primeros años de la actual administración, esto puede deberse a que podría haber un subregistro, ya que creció el monto de la categoría "otros", donde se agrupan aquellas compras que no fueron hechas mediante licitación, invitación restringida o adjudicación directa.
Otro riesgo de corrupción que ha estado presente es la falta de transparencia, el IMCO encontró que en 2022, por ejemplo, más de 13 mil adjudicaciones directas no contaron con el documento del contrato a disposición del público, y poco más de 2 mil licitaciones públicas tuvieron documentación incompleta.
"Aunque a algunos les da miedo confrontar al Gobernador por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del gobernador, ni de ningún candidat@ que quiera usar el sustento de las familias jimenences para sacar provecho electoral".