En el marco de las protestas, manifestaciones y paros que desde hace cuatro meses han afectado a cuando menos 20 escuelas y facultades de la UNAM, el Consejo Universitario aprobó modificaciones a su Estatuto General para sancionar con expulsión o despido la violencia de género. Los consejeros demandaron terminar con todos los tipos de violencia dentro de la universidad y atender las demandas de las estudiantes que se han manifestado.
“Se aprueba por unanimidad la modificación al estatuto general”, dijo el rector de la UNAM tras una sesión maratónica de 10 horas, la más larga en 17 años.
En su informe anual 2018-2019, la Defensoría de los Derechos Universitarios reportó haber tratado un asunto de hostigamiento, uno de violación, ocho asuntos de violencia y 35 de discriminación.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió trabajar más en la prevención y en la educación de todos los integrantes de la comunidad en nuevas masculinidades y que los estudiantes sepan que en la institución la violencia de género se castiga y representa una ofensa mayor.
“Hay que trabajar también en la resolución de los conflictos y mejorar en todos los casos de los directores de entidades académicas, y mejorar el perfil de las oficinas de atención jurídica en los planteles. Estamos con ellas, les debemos todavía mucho más por hacer. Necesitamos abrir espacios de diálogo para resolver problemas”, aseguró el funcionario.
Integrantes del consejo habían reconocido que las medidas eran necesarias, pero insuficientes. También pidieron rechazar cualquier acto de violencia dentro de la universidad y se posicionaron en contra de los grupos de encapuchados que han generado daños y destrozos en la Torre de Rectoría, y mantienen tomados los planteles.
“El posicionamiento debe ser claro: ningún acto de violencia en la universidad es justificable, ninguna mujer agredida, ningún profesor atacado con pintura, que nuestro rector sea amenazado. Debemos alzar la voz y rechazar cualquier acto de violencia pero paralelamente debemos atender los problemas reales y legítimos que denuncia la comunidad”, señaló el consejero Salvador Alvarado.
“No permitamos que grupos no universitarios o que esconden su identidad puedan tomar decisiones o cambien el rumbo y la esencia del hacer universitario y la integridad de los miembros de su comunidad. Por una universidad libre de violencia que atiende las demandas legítimas de sus universitarios, respetando siempre los acuerdos y participación de la mayoría de los universitarios”, pidió Martha Patricia García Chavero.
Por unanimidad se aprobaron cambios en el Estatuto General de la UNAM en específico de los artículos 95 y 99 para considerar como faltas especialmente graves las relacionadas con la violencia de género, lo que podría llegar a la expulsión de estudiantes o el despido de profesores que se compruebe incurren en violencia en contra de mujeres.
También ampliar el Tribunal Universitario para incorporar como integrantes permanentes a dos académicos de la FES Acatlán y Aragón; así como garantizar que habrá paridad de género; que sus integrantes tengan conocimiento en derechos humanos y género; además de reconocer la notificación de los denunciados a través de correo electrónico, estrados y de la Gaceta UNAM.
Mientras tanto, la abogada general de la Universidad, Mónica González Contró, ingresó a las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 9 para retomar el diálogo con las estudiantes paristas que han mantenido tomado el plantel desde el pasado 12 de noviembre; se buscará discutir la respuesta al pliego petitorio que envió la Rectoría la semana pasada y avanzar en la resolución del conflicto para lograr la reapertura del plantel.