Ciudad de México
Durante 2023, se registraron 561 agresiones contra la prensa, incluidos los asesinatos de cinco periodistas y la desaparición de uno más, lo que significa que cada 16 horas fueron atacados por hacer su labor, informó ayer Artículo 19.
Los periodistas asesinados el año pasado, detalló, son Marco Aurelio Ramírez Hernández, Luis Martín Sánchez Íñiguez, Nelson Matus Peña, Jesús Gutiérrez Vergara e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua).
Mientras que Juan Carlos Hinojosa Viveros desapareció en Nanchital, Veracruz, y aún se desconoce su paradero.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
"Según la documentación de organizaciones internacionales sobre libertad de expresión, fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, con los asesinatos aquí registrados se seguiría colocando a México como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023", indicó la ONG.
En el informe "Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿Cambio o continuidad?", Artículo 19 indicó que en 2023 hubo una reducción en el número de agresiones de un 19.4 por ciento con respecto a 2022, el cual se mantiene como el año más violento para la prensa en registros de la organización con 696 agresiones.
Sin embargo, señaló el informe, no está claro si esta tendencia se va a mantener o va a ocurrir lo mismo que en los sexenios anteriores, en donde en algunos años hubo una reducción y posteriormente un repunte.
CAMBIO PORCENTUAL
"Como comparativo del quinto año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el correspondiente de Felipe Calderón, 2011, se documentaron 172 agresiones (el año 2023 representaría un cambio porcentual de 226.16% respecto a este). "Mientras que en el quinto año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la organización documentó 507 agresiones (cambio porcentual de 31.40% respectivamente). Con ello se da cuenta de que los niveles actuales de violencia, permanecen aún más altos que en los mismos periodos de gobiernos anteriores", indicó.
Respecto del tipo de agresiones sufridas por los comunicadores,
detalló, las tres categorías más documentadas son: intimidaciones y hostigamiento; uso
ilegítimo del poder público, principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial, así como amenazas tanto en la esfera física como digital.