Tampico, Tam.
Miembros de la Asociación Justicia Covid obtuvieron un amparo del Juzgado Noveno de Distrito para que dos menores que cuentan con catorce y dieciséis años de edad que padecen asma, sean vacunados contra el coronavirus.
Fausto Villarreal García representante de la asociación dio a conocer lo anterior y dijo que la demanda fue promovida por los padres de los menores, quienes solicitaron la protección de la justicia federal para poder inmunizar a sus hijos, a quienes les había sido negado el beneficio.
Para tal efecto, ellos recurrieron a Justicia Covid, que representan en Tamaulipas los abogados Fausto Villarreal García y Jorge Olvera Reyes, quienes formularon el amparo indirecto.
Después de presentarse el escrito, el Juzgado Noveno de Tampico resolvió conceder dicho amparo contra actos del Poder Ejecutivo y otras autoridades.
Fausto Villarreal detalló que los menores padecen asma persistente moderada en tratamiento, por lo que al estar en esta vulnerabilidad corren más riesgo frente al Covid-19.
El abogado explicó que dada esta condición, el juez consideró que era procedente otorgar la medida cautelar en favor de los menores y ordenar que sean valorados para su vacunación en un plazo de 48 horas a partir de la notificación.
“La autoridad judicial estableció que el acceso a la salud es un derecho Constitucional y más aún tratándose de menores con comorbilidades en la actual pandemia. A esto se suma lo establecido en tratados internacionales para la protección de los menores”.
El escrito menciona que desde el 28 de septiembre del presente año se incluyó a los menores de 12 a 17 años en la política de vacunación contra el Covid-19, que padezcan alguna comorbilidad que incremente su riesgo. Sin embargo, a ellos les fue negado el beneficio.
“Se concede de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados”, expresó la resolución y se ordenó a las autoridades correspondientes adoptar las medidas necesarias.
De no obedecer la medida, las autoridades de Salud se pueden hacer acreedoras a una pena de tres a nueve años de prisión y multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 8,962 pesos, así como destitución e inhabilitación de hasta nueve años para desempeñar otro cargo público.
Villarreal García, señaló que el incumplimiento puede configurar también el delito de abuso de autoridad y ameritaría en un momento dado, denunciarse ante el Ministerio Público de la Federación.