Ciudad Victoria, Tam.
El derrame de gas, desde hace 21 meses en las inmediaciones de Soto la Marina y San Fernando, ha contaminado un radio de cinco kilómetros, afectando a 600 familias que han presentado hemorragia nasal y vómito con sangre.
La denuncia pública la realizó la diputada local, Casandra de los Santos Flores, señalando como responsable a la empresa Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos S.A.P.I. de C.V.
La fuga del hidrocarburo acabó con la flora y fauna del lugar en un radio de cinco kilómetros, afectando a su vez la salud de los habitantes de las comunidades La Flora y Lavaderos de San Fernando; Las enramadas, La Laguna y El Carrizo, de Soto la Marina.
"En el lugar de la efervescencia se crea una bruma o nube de químicos contaminantes que es acarreada a los hogares mediante el viento, causando hemorragias nasales y vómitos con sangre".
Se construyó una represa para contener la fuga de gas, sin embargo, ésta presentó grietas y "se aprecia la efervescencia de los químicos mezclados con hidrocarburos que brotan del subsuelo, emitiendo olores fétidos y mezclándose con los mantos acuíferos cercanos".
La legisladora denunció que se dragó la represa para dirigir esas aguas a la Laguna Madre, provocando la muerte de peces y otras especies acuáticas nativas de la región.
Por su parte, la activista ambiental y defensora de los pescadores de ambos municipios, Mayra Bautista Soto, advirtió sobre la urgencia de evacuar a las 600 familias ante el riesgo de volverse irreversible el daño a su salud, debido a los contaminantes que ingresan a sus cuerpos por las vías respiratorias.
No obstante, resulta complicado para las familias que tienen su sustento en la pesca, aunado a que muchos de ellos no tienen seguridad social.
De tal forma, se solicitó a la Secretaría de Salud despliegue una campaña de atención para los afectados por la contaminación, y la Secretaría del Trabajo atienda con empleos temporales o realice capacitaciones en lo que se resuelve el impacto ambiental.
Por último, la diputada exigió a la Profepa, Semarnat, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a la Seduma investigar el caso, para implementar los protocolos de emergencia para el área protegida y los habitantes de esa región.