Cd. Victoria, Tam.
El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Tamaulipas ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una carpeta de investigación por la masacre de Camargo, Tamaulipas.
Hasta ayer, el multihomicidio, donde 16 migrantes guatemaltecos, 2 mexicanos y una persona todavía sin identificar fueron asesinados y calcinados, estaba en manos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ). Sin embargo, en los próximos tres días la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, deberá comenzar a indagar y determinar si hay delitos del orden federal.
La resolución judicial se da debido a que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización defensora de derechos humanos, presentó una demanda. El jueves 25 de marzo se realizó la audiencia virtual que concluyó tras más de 3 horas de deliberación.
El fallo judicial también reconoce los derechos de las familias consideradas víctimas indirectas del hecho. La carpeta de investigación de la FGR tendrá que ser del conocimiento de las madres, los padres, las esposas, hijos, hermanas de las mujeres y los hombres asesinados la mañana del 22 de enero de 2021.
Antes de interponer la demanda, la Fundación dirigió un oficio a la FGR para solicitar la atracción del caso; la respuesta fue negativa, y concluyó que el caso se quedaría en Tamaulipas. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, también había solicitado que el caso pasara a manos del ámbito federal.
En Tamaulipas, el Poder Judicial del Estado clasificó el contenido de las audiencias. A la par, la publicidad procesal no ha sido respetada, ya que las audiencias del caso se han llevado en secrecía, bajo el argumento de complicaciones técnicas y las medidas sanitarias de la pandemia.
LA HISTORIA
La Fiscalía tamaulipeca dio a conocer la masacre de Camargo el sábado 23 de enero por la noche. La versión refiere que dos camionetas y 19 cuerpos calcinados fueron encontrados por policías tamaulipecos, gracias a una llamada ciudadana. Una semana después, 12 policías, entre ellos 8 del grupo especial, fueron detenidos y vinculados a proceso por los homicidios. Tras 3 meses de análisis forenses, los cuerpos de las víctimas, en su mayoría indígenas, fueron repatriados a Guatemala el pasado 12 de marzo.
Los 12 policías estatales son acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad documental. Un juez les dictó prisión preventiva. Pero también autoridades federales están posiblemente vinculadas con la masacre. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que ocho agentes fueron apartados de su puesto, debido a que en el lugar del hecho apareció también una camioneta Toyota Sequoya, que en octubre de 2020 fue asegurada en un operativo en Escobedo, Nuevo León.