Cd. Victoria, Tam.
El segundo síndico Luis Torre Aliyán lamentó el actuar del Congreso local luego de haber aprobado las cuentas públicas del Ayuntamiento de Victoria del ejercicio fiscal 2019 a cargo del alcalde con licencia, Xicoténcatl González Uresti, esto a pesar de los múltiples señalamientos de presuntos actos de corrupción suscitados dentro de su administración.
“Es realmente increíble con qué cinismo… son unos sinvergüenzas si se puede decir que con todo respeto, los congresistas locales, hay honradísimas excepciones como la diputada Edna Rivera López, o la diputada Laura Patricia Pimentel, pero en general resulta increíble que voten así, y que luego anden caminando por la calle con singular desfachatez”.
González Uresti tomó posesión del cargo el primero de octubre del 2018 luego de vencer a las urnas al priísta Oscar de Jesús Almaraz Smer, fue electo para un período de tres años que concluiría el 30 de septiembre próximo, sin embargo, en medio de una serie de señalamientos y ante una crisis económica y de prestación de servicios públicos, el ahora ex alcalde solicitó licencia ante Cabildo – el primero de octubre del 2020 – quedando en su lugar María del Pilar Gómez Leal, la cual habrá de concluir con el cargo este mes.
“Es una burla la que hizo el Congreso, estamos valorando a ver si cabría la competencia de demandar al Congreso y si fuera el caso, claro que sí lo haríamos”, la cuenta pública aprobada corresponde al 2019 en la cual originalmente habrían sido aprobados ingresos por 997 millones 894 mil 969 pesos, siendo que a lo largo de ese ejercicio fiscal se gastaron mil 56 millones 693 mil 491 pesos, es decir, hubo un excedente del 5.9 por ciento de lo ejercido contra lo presupuestado.
Regidores como Horacio Reyna de la Garza del PRI, Francisco Daniel González Tirado de Movimiento Ciudadano y el síndico Torre Aliyán han denunciado en reiteradas ocasiones la gestión del doctor González Uresti, incluso fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado para que se revisen casos como la presunta desviación de recursos públicos a través de empresas factureras sin que hasta el momento se haya presentado alguna conclusión a dichas indagatorias.