El próximo proceso de regularización de autos “chocolate” en Reynosa dará certeza a las familias de un patrimonio, apoyará la recaudación, mejoramiento urbano, y a su vez, abrirá el espacio a conflictos ambientales, garantías de funcionamiento, e incluso a posibles falsificaciones.
Lo anterior fue expuesto durante una entrevista exclusiva para La Tarde por los expertos Sergio Barajas y Francisco Matus, en temas fiscales, comercio exterior, aduanas y administración.
“El tema de las regularizaciones ha generando impacto e incertidumbre desde el día en que se dio a conocer el decreto, se habla de unas tarifas que darán la facilidad a los propietarios de estos vehículos para regularizarlos, de alguna forma aumentar valor, pero si es necesario que existan más datos acerca de los procesos, ya que hay un antecedente que generó falsificación de documentos, por ello antes de que se ponga en marcha debe existir prevención y detección”, comentó Sergio.
Por su parte, Matus expresó: “Puede llegar a ser un programa atractivo para cierta industria, pero también se debe poner en la mesa los efectos económicos negativos principalmente para la automotriz establecida en México, ya que somos un país manufacturero, líder, por otra parte los recursos que se obtengan deben estar etiquetados para necesidades, donde se generen un impacto, crear un balance, pero sin duda deben establecerse reglas claras”.
El escenario al que se enfrentarán los propietarios de estos vehículos será de incertidumbre hasta que se definan reglas y se apliquen en la practica.
Por ello recomienda que los trámites sean exclusivamente en módulos certificados, sin participación de terceros, y que las autoridades se mantengan estrictos en los requisitos y documentos.
CFDI
Por otra parte, los expertos coincidieron en que la exigencia a los transportistas para que a partir de este año lleven un Comprobante Fiscal Digital por Internet (Cfdi), como complemento a la carta porte, podría generar afectaciones, que van desde riesgos a la confidencialidad , detenciones de cargamentos o decomisos.
Además de impedir que la carga llegue a su destino, pese a que la intención de esto, sea el verificar el origen licito de lo que se transporta.
Francisco Matus, señaló: “Este tipo de información es confidencial, debe verse en qué momento los datos pueden sufrir fugas, porque la idea de exigirlo es el de transparentar e identificar la mercancía por agentes federales o aduanales, pero también se pone en riesgo a los transportistas”.
En este sentido, Sergio Barajas agregó; “Es una obligación que llegó y se debe acatar, ha sido parte de un proceso e incluso la fecha de adaptación vence en marzo, si no se cumple habrá problemas de deducibilidad, además el Impuesto al Valor Agregado (IVA), no será acreditable, las multas van hasta 14 mil pesos, hay que tener cuidado, porque si será un complemento de identificación, pero no deja de ser un riesgo a la información”.