En opinión del abogado penalista, Juan Uriza Lara, advirtió al ser consultado por EL MAÑANA que la iniciativa en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa debió antes motivar una amplia reforma al Código Penal y de Procedimientos Civiles, para determinar y catalogar aquellos delitos que ameriten la prisión y otros que pueden seguirse sin que necesariamente la personal inducida sea privada de su libertad.
Es decir, y reprocha la pasividad de los partidos políticos y los legisladores, que no han respondido a la evolución en el derecho y que ahora se discute un tema con varios años en el limbo.
Con sus reservas en torno a la iniciativa que en la primera semana de septiembre la SCJN discutirá en sesiones para declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, declaró que es algo que los abogados han pugnado en muchos casos y procesos en los cuales personas por causa de delitos mínimos en su penalidad han pasado meses e incluso años antes de emitir un resolutivo en sus sentencias o procedimientos.
Evocó un caso ilustrativo de uno de sus clientes que, por un presunto robo de 500 pesos, estuvo sujeto en prisión preventiva por espacio de 4 meses, y después de inmediato recuperó su libertad.
Así- refiere Uriza Lara- hay muchos casos en donde las personas sujetas a proceso por algún delito o proceso, al no pagar los servicios de abogados o tener acceso a una adecuada defensoría de oficio, purgan largas condenas de prisión preventiva oficiosa.