Los regidores y síndicos del Ayuntamiento de Reynosa que aceptaron firmar la “Carta de respaldo” a Carlos Victor Peña Ortiz, prófugo de la justicia y que además carece de sus derechos políticos, han incurrido a diversas faltas al Código Municipal del estado de Tamaulipas, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Al intentar solapar y demerita todas las acusaciones en su contra, bajo el argumento de que se trata de una “campaña de desprestigio, persecución política, con información falsa, señalamientos infundados y descalificaciones sin sentido”, violan el articulo 51 del código municipal del estado de Tamaulipas, que indica que los Ayuntamientos no podrán por ningún motivo “Coaligarse unos contra otros o contra los poderes del estado”, según refiere la sección IX.
Lo anterior, al dirigirse al Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca como parte de los implicados.
Además, al pasar desapercibidas las acusaciones de jueces, y no dar cuenta al gobierno del estado de su situación, se incurre al articulo 55 en la sección XVIII, donde se indica que es obligación del alcalde “Dar cuenta al gobierno del estado de todo acontecimiento que afecte la buena marcha del gobierno y administración municipal y de todo suceso que perturbe el orden público y la paz social”.
Las acusaciones contra Peña Ortiz se evidenciaron a finales de mayo, cuando un juez de control giró una orden de aprehensión por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, pero después se agravó cuando en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas se suspendieron sus derechos políticos y prerrogativas.
La Tarde ha evidenciado en diversas ocasiones la presión que Carlos y su equipo realizan contra los funcionarios municipales en búsqueda de obtener apoyo.
Por lo que en el articulo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, se deja en claro que al comprobarse que los servidores públicos actúan para obtener algún beneficio, serán investigados por cohecho. “Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por si o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público”.
Lo anterior aplica desde recurso económico, donaciones, empleos, bienes o servicios, ya sea para ellos, familiares, o socios.
El documento llamado “Carta abierta dirigida al gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, al Presidente Municipal de Reynosa y a toda la sociedad Tamaulipeca”, comenzó a circular este fin de semana, y en él se observan las firmas de los dos síndicos y 16 regidores.
Además de la negativa de cuatro regidores.