Días antes de la Navidad de 1982 el país se conmocionó con el secuestro, tortura y asesinato del niño Miguel Angel Arizmendi Flores que fue cometido con la ayuda de menores de edad.
La familia pagó un rescaté de 350 mil pesos, pero el niño no regresó y sus regalos de Navidad se quedaron esperando.
No fue el único que fue secuestrado y asesinado por una banda lidereada por Aurelio Rivera Yarahuán y su pareja, Carmen Salcido.
Contaron con la ayuda de Bernardo Antonio Rivera Bocanegra, Ricardo Vera Covarrubias y Roberto Díaz Courko. Todos menores de edad. Recibieron el nombre de Las Hienas.
Secuestraron y asesinaron a María Margarita Ramírez Chávez, de 16 años, Juan Carlos Granado Sosa, de 17 y Valentín Barrera Torres, de 17.
Aunque sus familias pagaron millonarios rescates, nunca lograron recuperarlos.
Unos campesinos de Maravatío, Michoacán, descubrieron semi enterrados los cuerpos de las víctimas.
También secuestraron y balearon a Cristelda Cid Sarud, de 15 años, pero sobrevivió a la agresión y contó su historia.
Alterada por lo que le sucedió, al principio no podía recordar nada, pero poco a poco fue narrando lo que lo que sufrió.
Dijo que era sirvienta y que fue narcotizada y secuestrada por Rivera Yarahuán. Fue llevada a un lugar cerca de Ecatepec, Estado de México. Ahí, el joven Rivera Bocanegra le disparó en varias ocasiones, pero sólo la hirió y fue abandonada pensando que estaba muerta.
Al día siguiente recuperó la conciencia, se dio cuenta que estaba herida y desnuda, pero salió caminando para pedir ayuda.
Caminó por horas hasta que patrulleros del Estado de México la auxiliaron y la llevaron al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes.
La Policía inició una investigación para dar con los culpables de la agresión a la joven Cristelda.
Ubicó a Rivera Yarahuán y a su pareja en un motel de la carretera a Toluca. Se implementó un operativo para capturarlos con vida, pero fracasó y los dos delincuentes fueron acribillados por la policía.
Parecía que el caso no tenía ninguna relación con el crimen del niño Arizmendi hasta que una mujer se presentó al Servicio Médico Forense.
“No vengo a reclamar el cuerpo”, dijo la mujer, “Sólo me quiero asegurar que Aurelio Rivera Yarahuán está muerto”.
La mujer reveló una desgarradora historia. Dijo ser la primera esposa de Rivera Yarahuán, con el que procreó dos hijos.
También contó que sus hijos fueron secuestrados y asesinados por Rivera Yarahuán. Con esta historia, la policía ligó el caso con el de los otros secuestros.
La investigación policiaca derivó con la captura de los menores Antonio Rivera Bocanegra, Juan Carlos Covarrubias y Roberto Díaz Courko. Todos ellos internados en el Consejo Tutelar para Menores.
La sociedad pidió la pena de muerte para ellos, además de que las procuradurías de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Estado de México reclamaban su presencia por ser responsables de varios delitos.
En los días de enero de 1983, todos hablan del caso. Abogados, maestros, administradores de justicia, asociaciones civiles, partidos políticos, padres de familia, estudiantes. Todos querían un castigo ejemplar.
Se les acusó de secuestro, lesiones, violación, disparo de arma de fuego, asociación delictuosa y homicidio.
El Estado los protegió por su calidad de menores de edad, lo que provocó la indignación.
Carlos Arizmendi, padre del niño Miguel, habló ante las cámaras de televisión. En un emotivo e improvisado discurso relató la tragedia que vivía su familia, pero dejó la pregunta para todos.
¿Los menores no deben pagar por sus crímenes?
Las palabras de Carlos Arizmendi que fueron trasmitidas por la televisión.
Dejo al Estado como guardián del bien común, el castigo ejemplar para aquellos que cometen vilezas y para quien es obligación hacer renacer la fe en la sociedad.
De lo contrario, nos orillarán a la maldad, a la crueldad y convertirán a los jóvenes en delincuentes que, sin duda llegarán a la venganza personal.
Dejar sin castigo a esos criminales, será perder el valor de la humanidad y la sociedad sufrirá el mayor retraso de su historia para retornar a la ley del más fuerte, a la ley de la selva, destruyendo los principios individuales, morales y humanos.
Nuestra juventud debe borrar de su mente la imagen de los mozalbetes sin escrúpulos que resultaron tanto o más psicópatas que Rivera Yarahuán.
Ayer mis hijos que tienen 14 y 16 años de edad, me preguntaron: padre, ¿siendo menores no iríamos a la cárcel si matáramos a alguien?