Ciudad de Guatemala
Los cadáveres de 16 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados en enero en Tamaulipas llegaron el viernes a Guatemala, donde sus familias los esperaban para darles sepultura y exigieron que se haga justicia.
Los ataúdes con los restos arribaron procedentes de México, que pagó los gastos. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala se hará cargo de los traslados hasta las comunidades. El gobierno declaró tres días de duelo.
Los cuerpos llegaron a la base de la Fuerza Aérea en Ciudad de Guatemala en un avión de carga con matrícula XA-MCS y fueron bajados uno por uno en féretros de distintos colores cubiertos por la bandera guatemalteca.
Las familias, con coronas de flores y fotografías de sus familiares fallecidos en la mano, recibieron los ataúdes que, tras un acto protocolar en el que el presidente Alejandro Giammattei dio sus condolencias, partirían a sus comunidades para recibir homenajes e iniciar los velatorios.
“A ustedes que viven esta pena procuraremos la reparación y la esperanza. El gobierno de Guatemala manifiesta su rechazo absoluto ante las atrocidades cometidas en esta masacre”, dijo Giammattei a los familiares.
“Es justo y necesario que este caso se esclarezca para que en el futuro no vuelvan a ocurrir crímenes tan atroces”, añadió el mandatario, quien ha mantenido comunicación con las autoridades mexicanas “para lograr la reparación, juicio y castigo a los responsables de tan deplorable hecho”.
Evaristo Agustín, cuñado de Marvin Alberto Tomas, de 23 años, dijo a The Associated Press que ver llegar el cuerpo de su cuñado era muy doloroso.
“Era un buen muchacho”, comentó mientras rompía a llorar.
Posteriormente, luego de más de nueve horas de camino, la localidad de Comitancillo recibió los cuerpos de los 16 migrantes en el estadio local, donde también les rindieron homenaje con una misa entre aplausos y lágrimas.
Casi todo Comitancillo estaba en el estadio; miles de personas se aglutinaron para acompañar a los familiares de los fallecidos.
Cada familia se reunía alrededor del féretro de su pariente, diciéndole palabras y llorando desconsoladamente.
“Es injusto que los jovenes no tengan posibilidades de trabajar aquí, es injusto que las familias tengan que separarse año con año”, afirmó Mario Aguilón Cardona, párroco del templo de Santa Cruz Comitancillo, diócesis de San Marcos, que presidió la misa.
De enero a marzo de este año Estados Unidos ha deportado a 1.161 migrantes guatemaltecos.
El 22 de enero las autoridades mexicanas documentaron el hallazgo de 19 cadáveres quemados dentro de una camioneta calcinada en la comunidad de Camargo, Tamaulipas, al otro lado del río Bravo frente a Texas, una zona marcada durante años por las sangrientas guerras territoriales entre los restos del Cártel del Golfo y el antiguo Cártel de Los Zetas.
Las primeras en dar aviso de que se trataba de migrantes guatemaltecos fueron las familias, oriundas del departamento guatemalteco de San Marcos, fronterizo con México, que alertaron que entre los fallecidos podrían estar sus parientes, pues habían perdido comunicación con ellos alrededor del 21 de enero y creían que se encontraban por la zona donde fueron hallados los cuerpos.
Según versiones, uno de los coyotes que transportaba al grupo informó a las familias de las muertes y éstas, al no tener noticias de ellos, avisaron a las autoridades.
La fiscalía de Tamaulipas identificó los cuerpos a través de muestras de ADN entregadas por las familias de los 16 guatemaltecos. En el lugar también fueron hallados muertos dos mexicanos y una tercera persona que aún no ha sido identificada. También se localizó otro vehículo quemado con placas del vecino estado de Nuevo León.
Giammattei ha confirmado que hay cinco sobrevivientes que estarían siendo protegidos en Estados Unidos.
En México 12 agentes enfrentan cargos de homicidio, abuso de autoridad y falso testimonio. También el Instituto Nacional de Migración anunció el cese de ocho de sus agentes por irregularidades aparentemente vinculadas con el caso.
La matanza hace recordar la masacre de 72 migrantes en 2010 cerca de la localidad de San Fernando, también en Tamaulipas. Aquellas muertes fueron perpetradas por un cártel del narcotráfico.