Miembros de una familia riobravense exigieron ayer una investigación en torno a la muerte del señor José Castillo, quien había resultado lesionado en una volcadura registrada en el libramiento Anzaldúas el pasado 14 de octubre.
En el accidente murió una señora en el lugar de los hechos y resultaron cinco personas lesionadas, entre ellas don José de 54 años.
A los seis lesionados los llevaron el día de los hechos al Hospital General en ambulancias de Protección Civil.
Pero como don José era derechohabiente al IMSS optaron por trasladarlo a la clínica 270.
El hombre iba consciente, pues pudo platicar con una de sus hijas a quien los médicos le comentaron que había sufrido la ruptura del diafragma torácico y había necesidad de intervenirlo quirúrgicamente y ellos autorizaron la cirugía.
Evidentemente la ruptura fue consecuencia del accidente y el hombre había entrado al hospital como víctima de la volcadura.
Pero inexplicablemente en Trabajo Social no dieron parte al Ministerio Público del ingreso del lesionado y tampoco reportaron su fallecimiento como correspondía.
El Ministerio Público ignoraba el deceso de la persona y solamente tenía registrado en la carpeta la muerte de una señora y las lesiones de cinco más como consecuencia de la volcadura.
Se les hizo sospechoso que un médico del hospital rápidamente extendiera un certificado de defunción donde asegura que la muerte fue a causa de un paro respiratorio.
La familia decidió denunciar formalmente el hecho, cuando en el Registro Civil se negaron a extenderle el acta de defunción por considerar que el certificado que le extendieron en la clínica 270 carecía de validez, puesto que se había pasado por alto la intervención del Ministerio Público, así como la opinión del médico legista y el certificado de la autopsia que por ley se debió haber practicado, por tratarse de una muerte derivada de un accidente.
Tres hijos (dos hombres y una mujer) de don José y una nuera de éste se presentaron en el Centro Integral de Justicia para exigir una profunda investigación que aclare las verdaderas causas de la muerte y el hecho de haber pasado por alto la intervención obligada del Ministerio Público.
El hombre ya está sepultado, pero la familia está teniendo problemas para obtener el acta de defunción por la serie de inconsistencia de que adolece el certificado extendido por un médico cuya identidad quedó en reserva.