Determina el condado dónde no portar armas

PROTEGIDOS. La Corte del Condado Hidalgo determinó que en edificios por el momento no será permitida la portación de armas. (La Tarde / Luis Suñer).

Edinburg, Tx.

Durante la pasada junta de la Corte del Condado Hidalgo, se determinó en qué lugares se puede o no portar armas en público, esto debido a la nueva ley que entró en vigor desde el 1 de enero de este año en la que una persona con la licencia correspondiente puede llevar una arma a la vista siempre y cuando esté en su funda.

El juez del condado, Ramón García, fue el encargado de leer la orden en la que se especifica en qué lugares no se puede llevar a cabo esta nueva ley, debido a que pone en riesgo la operación de los trabajadores.

Lugares como las cortes o los edificios utilizados para esta labor, instalaciones correccionales, esto incluye baños, pasillos elevadores, escaleras y áreas comunes.

Así mismo el juez determinó que la Corte del condado, el anexo a la Corte (donde se realizan las juntas) cortes de los distritos 440 y 449, las oficinas de los jueces, la cárcel y el centro de detención juvenil están incluidos.

El comisionado Flores aseguró que esto no termina aquí, pues seguirán buscando la manera de incluir a más inmuebles del condado dentro de los exentos a esta ley.

Y es que lugares que aún no entran en esta categoría son las oficinas de recaudación de impuestos, la valuadora del distrito, entre otras; instalaciones que cuentan con una afluencia considerable de personas y en algunos casos con manejo de grandes sumas de dinero, por el momento estos edificios tienen un mayor sistema de seguridad.

SEGURIDAD DE EMPLEADOS

“Queremos que nuestros empleados se sientan seguros y que la gente que visita éstos también, la ley permitía antes que la gente portara armas, sólo que ahora lo pueden hacer a la vista, es cuestión de que la comunidad se acostumbre a esto, pero luego podremos regresar y ajustar lo que acaba de dictar el juez”.

El juez García dijo que se dictaminó esto basada en la interpretación de la nueva ley en la que se debe determinar qué es lo que hace que una Corte de gobierno funcione.