Fungen presos como autoridad

CIUDAD DE MÉXICO

En los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Querétaro y Jalisco, los internos realizan funciones de autoridad y cobran cuotas a otros reos, detectó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Funcionarios del Mecanismo, que se encuentra adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), visitaron en junio y noviembre del año pasado diversos centros de reclusión de ambas entidades, como agencias del Ministerio Público, centros para adolescentes, hospitales psiquiátricos y Ceresos, entre otros.

En cuatro de los cinco Ceresos de Jalisco se observó que personas privadas de la libertad tienen funciones de autoridad, hacen cobros y gozan de privilegios, situación que existe en dos de los tres Ceresos de Querétaro.

“Entre los efectos negativos que puede generar el autogobierno se encuentra el aumento de la violencia al interior de los centros, la extorsión y el tráfico de sustancias prohibidas, además de la presencia de privilegios y tratos especiales para algunos internos”, advierte el Mecanismo para ambos casos.

En la Comisaría de Sentenciados, de Puente Grande, Jalisco, por ejemplo, algunos reos contaron que tienen que pagar a otros internos por protección, pase de lista, ingreso de ropa y calzado de marca y artículos como televisores o equipos de audio.

Mientras que los integrantes del Mecanismo que recorrieron los pasillos de la prisión observaron a internos con ropa, calzado, accesorios, cortinas en sus dormitorios y aparatos electrónicos que los demás no tenían.

En Jalisco, esto también ocurrió en el Centro de Reinserción Social Femenil, en la Comisaría de Prisión Preventiva, en Puente Grande, y en el Centro de Inspección General del reclusorio Zona Sur, en Ciudad Guzmán.

SOBREPOBLACIÓN

Mientras que, en Querétaro, las instalaciones con este problema son el Centro de Reinserción Social San Juan del Río y el Centro de Reinserción Social San José el Alto.

Además, las cárceles jaliscienses tienen sobrepoblación, en algunos casos, como la Comisaría de Sentenciados en Puente Grande, hasta del 277 por ciento.

“Los dormitorios 1, 2, 2 Bis, 10 y 11, con capacidad para alojar a 64 personas, el día de la visita tenían 166, 184, 170, 508 y 187, respectivamente”, indica el informe hecho público hoy.

Otros problemas que podrían constituir situaciones de tortura, según el Mecanismo, fueron la falta de estancia digna, higiénica, con ventilación, iluminación natural y artificial, agua para el aseo personal, sanitarios adecuados y planchas para dormir, así como carencia de alimentación adecuada y suficiente.