Indaga SRE extirpación de úteros a mexicanas

Ciudad de México

El Gobierno mexicano sigue el rastro de un presunto abuso masivo a migrantes, incluidas mexicanas, detenidas en un centro de detención estadounidense. El canciller, Marcelo Ebrard, confirmó este martes que su equipo está entrevistando a al menos seis mexicanas que pudieron haber sido víctimas, junto a decenas más de latinoamericanas, de esterilizaciones masivas —a través de histerectomías— sin su consentimiento en el Irwin County Detention Center, en el sureño Estado de Georgia. Las autoridades mexicanas no han informado todavía de la magnitud del que, de confirmarse, sería uno de los mayores abusos a migrantes cometidos durante la Administración de Donald Trump.

“Desde luego es algo inaceptable que rechazamos de antemano, aun sin tener toda la información confirmada, cuando la tengamos se las compartimos, pero incluso en Estados Unidos hay toda una reacción importante de muchas organizaciones con las que estamos en contacto y esto tiene que esclarecerse; en su caso, si se confirma, es un asunto mayúsculo, no solo sancionarse, sino tomarse otras medidas”, apuntó Ebrard durante la conferencia de prensa matutina del martes. Fuentes cercanas a Exteriores han añadido a este diario: “Se informa que hasta el momento no se han detectado dichos casos en nacionales mexicanas pero la investigación sigue en curso”.

Congresistas demócratas y organizaciones defensoras de los inmigrantes en Estados Unidos han presionado estos días para que se esclarezca la denuncia que destapó la semana pasada una de las enfermeras que trabajaba en el centro, Dawn Wooten y que recogieron algunas ONG como Project South, Georgia Detention Watch y la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. En su queja pública, la extrabajadora aseguró que el Centro de Detención del condado de Irwin practicó histerectomías masivas a migrantes de diferentes países de América Latina, se negó a hacer pruebas de covid-19 a los detenidos y destruyó documentos médicos. Y apuntó hacia un ginecólogo de la institución a quien señaló como el “coleccionista de úteros”. “Toda la gente a la que ve tiene una histerectomía; prácticamente todo el mundo”, añadió Wooten. La enfermera señaló también que algunas víctimas le habían contado que no habían entendido del todo por qué debían someterse a la operación en la que se remueve parcial o totalmente el útero.

Wooten no mencionó nombres de las presuntas afectadas por estos procedimientos y en la queja interpuesta ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) tampoco aparecen testimonios en primera persona, solo referencias de detenidas entrevistadas por las organizaciones denunciando dichas prácticas médicas. Una detenida, entrevistada por Project South, comparó el centro con “un campo de concentración en el que experimentan con personas” y añadió: “Es como si estuviesen experimentando con nuestros cuerpos”.

Los demócratas no tardaron en sumarse a las acusaciones después de que en los últimos tres años han condenado duramente el trato que brinda el Gobierno de Trump a los inmigrantes, incluyendo la separación de familias y la detención de niños en la frontera. “De ser ciertas, las deplorables condiciones que se describen en la queja de la denunciante — incluyendo las acusaciones de que se les están practicando histerectomías masivas a mujeres inmigrantes vulnerables — serían un abuso impactante contra los derechos humanos”, expresó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado.

Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), respondió en un comunicado: “En general, las acusaciones anónimas sin pruebas, hechas sin ningún detalle específico comprobable, deben tomarse con el escepticismo apropiado que merecen”. Este miércoles el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, ha señalado en una audiencia en el Congreso que se encuentran investigando “los hechos sobre el terreno”. Desde su llegada al poder, Trump ha mostrado su empeño en reforzar al ICE tanto con la ampliación de más centros de detención, como con la contratación de más personal, con el fin de detener a la mayor cantidad de migrantes posible, según las medidas que anunció en 2017 en esta materia, y que abrieron las puertas a grandes redadas contra migrantes en el país.

La presidencia de Trump ha elevado también la presión migratoria sobre México, cuyo Gobierno ha aceptado la implementación de políticas muy criticadas por las organizaciones de derechos humanos y la oposición, como el Remain in Mexico (Quédate en México) —para que los migrantes que se encuentran en trámites migratorios en Estados Unidos lleven su proceso del lado sur de la frontera—y el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Centroamérica, para frenar desde el sur la llegada de migrantes. Unas medidas que en la práctica han convertido a México en el muro deseado por su vecino del norte.

Sin embargo, en este caso, la Cancillería mexicana se ha adelantado a otros países de la región, donde también puede haber víctimas, y se ha comprometido públicamente a “esclarecer los hechos”, identificar a las mexicanas afectadas y “garantizar el respeto a sus derechos”.