Investiga Federación la masacre de Camargo

El gobierno de México investiga la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, informó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero. La indagatoria federal se realiza sin el conocimiento y participación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, confirmaron autoridades estatales.

El multihomicidio llegó a la conferencia mañanera. A pregunta sobre el estatus del caso, la ministra respondió: “Todos los días a partir de que sucedió este evento, hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances sobre esta situación... Te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzando y muchísimo, tenemos mucha información y si me permites no dártela en este momento porque sabes que estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías”, apuntó.

Ante lo dichos de la secretaria Sánchez Cordero, el vocero de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, remarcó que el gobierno de Tamaulipas, a través de la FGJ, solamente trabaja con la Fiscalía de Nuevo León en recabar elementos para la carpeta de investigación por el asesinato de las 19 personas.  

La titular de Segob no descartó que las víctimas sean originarias de Guatemala, como han afirmado fuentes del gobierno centroamericano que han atendido a las familias indígenas mam, del departamento de San Marcos, que aseguran la identidad de las personas.

De los resultados periciales difundidos por la Fiscalía tamaulipeca se encuentra el sexo de 17 de las 19 víctimas calcinadas, de las cuales 16 corresponden a sexo masculino, una mujer y 2 no han sido identificados. Las tomas de ADN de los cadáveres fueron concluidas ayer y el resguardo de los cuerpos está en las oficinas de la FGJ en Reynosa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala continuó con la recolección de las pruebas genéticas a las familias de los poblados de Comitancillo, Sipacapa, Catarina. Se espera que el viernes 29 de enero termine el procedimiento médico forense en la Universidad Mariano Gálvez. 

La masacre de Camargo se descubrió por un reporte ciudadano que recibieron policías estatales el viernes 22 de enero. Al día siguiente por la noche, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por los 19 homicidios en el poblado Santa Anita, ubicado a 69 kilómetros de territorio estadounidense.

La versión oficial difundida es que policías estatales encontraron dos vehículos incendiaos. En un automóvil modelo pick up localizaron dos cuerpos en la cabina, un par más de cada lado del piloto y copiloto y 15 en la caja del vehículo.

La principal línea de investigación es que los hechos ocurrieron en un sitio distinto a donde se encontraron las camionetas. En el lugar no se hallaron casquillos. En su testimonio, un poblador dijo que los vehículos fueron cruzados desde territorio de Nuevo León. Dentro de la camioneta incendiada encontraron una placa con matrícula de Nuevo León. Ayer trascendió que se encontraron tres armas automáticas dentro de los vehículos, aunque el comunicado que envió la Fiscalía el sábado 22 por la noche no reportó los fusiles.

PIDEN INTERVENCIÓN DE FGR

Organizaciones de la sociedad civil, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos exigieron que  la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en la indagatoria de la masacre y lo aborde junto a las masacres de San Fernando, Cadereyta y Güemez. 

“Estos hechos no pueden investigarse de manera aislada de las masacres y desapariciones de migrantes ocurridas en Tamaulipas y Nuevo León, así como de la desaparición de migrantes que fueron bajados de un autobús en febrero de 2019”, demandó más de 200 agrupaciones.

A través de un comunicado plantearon que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR garanticen un proceso adecuado de preservación y procesamiento de cuerpos y evidencias, así como la identificación, notificación y repatriación de los cuerpos. 

“…exigimos que las autoridades federal y locales tomen todas las medidas necesarias y demandar inmediata, para garantizar la correcta identificación de las víctimas, asistir a sus familias, esclarecer los hechos e identificar a los responsables, incluyendo, de ser el caso, a servidores públicos involucrados”, remarcaron.