La violencia cuesta quinta parte del PIB

México

México sería un 18% más rico sin violencia. Casi la mitad de este daño económico tiene que ver con lo que los técnicos del Instituto para la Economía y la Paz califican como “delitos violentos”: robos, asaltos y secuestros, según el índice anual presentado este martes por el think tank, uno de los más potentes del mundo en la materia. Pese a que la incidencia de estos crímenes se redujo ligeramente el año pasado, sigue siendo, por mucho, la principal causa de quebrantos económicos derivados de la violencia. 

Los homicidios acarrearon, por su parte, un coste económico de casi un billón de pesos en 2016: en ese rubro, los firmantes de la investigación incluyen desde el coste directo que supone la muerte violenta de una persona para su familia hasta la caída de productividad asociada a la muerte de un trabajador en activo. En suma, delitos violentos y homicidios suponen casi el 80% de las pérdidas asociadas a la violencia; el resto tiene que ver con el gasto público destinado a contener la criminalidad, el miedo enraizado en la sociedad o el coste de la seguridad privada.

Casi la quinta parte del PIB: esa es la magnitud económica de la violencia en México. En 2016, tras una década de guerra contra el narco, este índice de paz se deterioró un 4,3% y su recaída ha tenido un coste directo para la economía del país norteamericano. El estudio tiene en cuenta el número de homicidios, asaltos, secuestros, violaciones, extorsiones y robos por cada 100.000 habitantes, así como el volumen de personas en prisión sin una sentencia judicial que justifique su encarcelamiento.

Como en 2015, los empresarios mexicanos siguen identificando la inseguridad como la mayor preocupación para sus cuentas de resultados, a mucha distancia de la fiscalidad, la corrupción o el bajo nivel de poder adquisitivo de la población. El porqué de su temor también está en cifras: una de una de cada tres empresas establecidas en México sufrió al menos un delito. Esta criminalidad sobre las propias compañías supone la mitad del coste empresarial derivado de la violencia (equivalente al 1% del PIB); la otra mitad está vinculada con las medidas que tienen que tomar para protegerse de la violencia.

Las cifras varían ampliamente entre Estados: de Yucatán, el más pacífico del país en 12 de los últimos 14 años, a Guerrero, el más violento, hay un abismo que, lejos de cerrarse, tiende a ampliarse año tras año. En el primero, el coste económico de la violencia ascendió a 14.600 pesos (780 dólares) por persona, muy por debajo de la media nacional (algo más de 25.000 pesos o 1.330 dólares). En el segundo, esta lacra costó 53.600 pesos (2.850 dólares) por habitante, una cifra enorme más aún si se tiene en cuenta que se trata de una de las regiones más pobres del país. El patrón general que se desprende de las cifras de la organización australiana es una relación directa entre el coste económico —y, por supuesto, humano— de la violencia y la posición geográfica de cada Estado: cuanto más cerca de la frontera con EE UU, más estragos causados por la criminalidad.

2016 fue, en términos generales, un mal año para la violencia en México. Tras una sostenida mejoría desde 2012, el ejercicio pasado truncó esta senda: la tasa de homicidios se disparó un 18% y el uso de armas de fuego repuntó con fuerza, según los datos presentados por el Instituto para la Economía y la Paz. Sin embargo, los técnicos del centro creen que es “demasiado pronto” para concluir si se trata de un cambio de tendencia o solo un bache. También dan razones para la esperanza: la organización reconoce los “progresos estructurales” logrados el año pasado; subraya que el país sigue siendo un 14% más pacífico que en 2011, en plena guerra contra el narco y cuando la tasa de homicidios era un 16% superior a la observada en 2016; y destaca la mejoría en las cifras de 21 de los 32 Estados.

Por entidades federativas, en los seis últimos años los mayores avances se registraron en Nayarit, Durango, Coahuila, Quintana Roo y Chihuahua, mientras que en Colima, Baja California Sur, Zacatecas, Oaxaca y Michoacán se produjeron los mayores empeoramientos.

En el plano de recomendaciones, el Instituto para la Economía y la Paz insiste en la necesidad de aumentar los salarios de policías y miembros de las fuerzas de seguridad. “Los Estados que pagan mejor también tienden a gastar más en el entrenamiento de los agentes”, asevera el informe. “Y dado el alto riesgo asociado a su trabajo y los altos pagos que suele ofrecer el crimen organizado, los salarios deben adecuarse para compensarlo”.