‘Limpia’ SFP casa blanca

Para la Función Pública no se perfila el conflicto de interés por la compra de la llamada “Casa Blanca”.

Ni el presidente Peña, ni su esposa Angélica Rivera, ni el Secretario Luis Videgaray incurrieron en conflicto de interés por su relación con Grupo Higa, concluyó Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Al señalar que entre las atribuciones del Presidente Peña no se encuentra participar en las contrataciones realizadas por el Gobierno federal, Andrade afirmó que el Jefe del Ejecutivo no incurrió en conflicto de interés, indicó Andrade.

En su informe sobre la investigación de contratos del Gobierno federal con Grupo Higa y otras empresas, el Secretario explicó que ni Peña ni su esposa adquirieron bien inmueble luego de la toma de posesión como Presidente, por lo que no hubo violación a la ley.

Respecto a Luis Videgaray Caso, expuso el titular de la SFP, no intervino en ninguno de los procedimientos de contratación, por lo que no hubo falta de imparcialidad de su parte. 

Según Andrade, el contrato celebrado por Angélica Rivera para su casa en Sierra Gorda -la llamada “Casa Blanca”- es legal y no fue modificado para favorecerla a partir de la toma de posesión de Peña  como Presidente de la República.

Con relación a la casa de la calle Sierra Gorda, Andrade dijo que la esposa del Presidente, Angélica Rivera, acreditó plenamente el contrato y los pagos que realizó a Ingeniería Inmobiliaria del Centro. 

Según Andrade, Rivera acreditó haber recibido 88 millones de pesos por parte de Televisa como finiquito de su relación laboral.

Sobre los inmuebles de Malinalco, la SFP indicó que el Secretario de Hacienda Luis Videgaray pagó en enero de 2014 más de 6 millones de pesos para liquidar la deuda por la propiedad.

Aduciendo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Secretario indicó que el conflicto de interés existe cuando hay una actuación parcial del servidor público con alguna empresas.

“Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”, citó Andrade. (MÉXICO, DF)