Misión: Salvar en Madrid a Moreira

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila.

Madrid, España

Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detenido en Madrid por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas, no ha estado solo durante los ocho días que permaneció en la prisión de Soto del Real, a 40 kilómetros de la capital española. El gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel, según una investigación de El País.

La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del exgobernador de Coahuila. Arely Gómez González, procuradora general de la República y exsenadora del PRI, telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, responde un portavoz de la Fiscalía General del Estado. La acusación contra Moreira—sobreseída provisionalmente días después por el juez Pedraz— la piden en España los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.

Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el aeropuerto de Aldolfo Suárez (Madrid) cuando viajaba en compañía de su mujer y dos hijas a Barcelona, la ciudad en la que se estableció a principios de 2013, después de su defenestración política y de las acusaciones de un gigantesco desfalco de fondos públicos. Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalet de lujo por el que pagaba 3 mil 000 euros al mes.

El mismo día de su detención los funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se volcaran con el caso: unos en la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de su defensa, otros en la atención a Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira, y de sus hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, en la calle del Prado, a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid. Se da la circunstancia de que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país; en su parking aparcan los coches de la embajada.

La misma tarde y noche de la detención, cuando Moreira fue conducido ante Enrique de la Mata, el juez de guardia de la Audiencia Nacional— el organismo que investiga los casos de terrorismo y crimen organizado— para comunicarle su ingreso en prisión, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar. Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la embajada les preguntaban por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había contra el expresidente del PRI. El mutismo de los agentes españoles fue total, según aseguran fuentes policiales. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirma una fuente española.

La relación entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República— que en México representa a la Fiscalía— es muy estrecha. México fue un antiguo santuario de etarras y colabora estrechamente en la lucha contra la banda armada. En la embajada creyeron que los agentes españoles les revelarían por qué había caído Moreira, pero no lograron su objetivo. Su silencio causó malestar en la legación diplomática ya que, además, en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente, según aseguran fuentes cercanas a la embajada. Se enteraron por la prensa digital española.

El interés de la embajada por la situación del populista político mexicano no terminó ahí. El lunes 18, dos días y medio después de la detención, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo. El cónsul visita con frecuencia a presos nacionales, pero fuentes penitenciarias aseguran que sus visitas no se producen “con tanta celeridad”. Al mismo tiempo, un funcionario del consulado llamado Víctor telefoneó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió a Moreira, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción. “Les dijimos que se dirigieran al juzgado”, responde el abogado.

La implicación de la embajada continuó. Un chófer a los mandos de la Vannette Mercedes plateada de la embajada, con matrícula diplomática CD 52003, se trasladó al aeropuerto madrileño para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira. El letrado no ha respondido a reiteradas llamadas de este periódico. “Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, afirma una fuente cercana al caso.

El gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral. En la embajada, en el número 46 de la carrera de San Jerónimo, a tiro de piedra del Congreso de los Diputados, funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz, instructor del caso, aspectos relevantes de la investigación.

El documento demandó información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira; el tiempo que duraría el secreto de sumario; el resultado de la audiencia celebrada el día 22; si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza; y el tiempo que puede durar la instrucción del caso. La respuesta que dio Pedraz fue estrictamente protocolaria y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según fuentes judiciales.

El 22 de enero el juez Pedraz dejó en libertad provisional a Moreira; el 3 de febrero el ex presidente del PRI abandonó España con su esposa y regresó a México donde proclamó su inocencia. “Se ha marchado sin su teléfono y su Ipad que todavía estaban en poder de la Policía. Parece que tenía mucha prisa”, afirmó una fuente de la fiscalía.

El pasado día 9 Pedraz dictó un auto por el que acordaba el archivo provisional de la causa contra Moreira. El fin de semana anterior el magistrado había escuchado en su casa la cinta de tres horas de duración que grabó en San Antonio (Texas) a un testigo protegido y concluyó que las acusaciones que este vertía contra el ex gobernador sobre su supuesta relación con la banda de los Zetas no eran suficientemente concretas.

Los fiscales Grinda y Rosa que viajaron también a EE UU invitados por un fiscal norteamericano no piensan lo mismo y han recurrido el archivo del caso. La investigación sigue secreta y abierta en España respecto a otras personas involucradas, algunas mexicanas.

UN POPULISTA EBRIO DE PODER

Humberto Moreira Valdés siempre adoró dos cosas: bailar y tener poder. Hasta que perdió el ritmo. Hasta que se le liaron los pasos. Llamado a ocupar las cumbres de la política mexicana, ha terminado fuera de la pista de baile, sin pareja que lo reclame y permanentemente bajo sospecha.

Su detención del viernes 16 de enero en el aeropuerto de Madrid apuntaba al cierre de una historia arquetípica de carisma, éxito y caída en desgracia. Pero Moreira, después de una semana en prisión, salió en libertad por la puerta de la cárcel mordiendo una manzana. Tocado, pero no hundido.

Nacido en la ciudad norteña de Saltillo en 1966 en una familia de profesores de enseñanza pública, Moreira siguió la tradición licenciándose en Educación Media. Su paso por las aulas fue breve, y pronto empezó a trepar por la enredadera de la burocracia educativa hasta llegar con 22 años a la Secretaría de Educación Pública en la capital, México DF.

En la siguiente década fue saltando de cargo en cargo hasta lanzarse al abordaje del poder político en 2002, conquistando la alcaldía de Saltillo gracias a la cualidad que siempre lo distinguió: su popularidad, su conexión con la gente. Dicen que hasta el que iba su despacho a pelearse con él salía de allí con una complacida sonrisa en el rostro. Aún hoy, acusado de haber sido el cabecilla de un mastodóntico desfalco de fondos públicos, entre las clases populares de su región su nombre sigue concitando admiración y cariño.

Con 39 años, experimentado, buen porte, ojos verdes, simpatía para regalar, ganó las elecciones a gobernador de su Estado, Coahuila, como candidato del Partido Revolucionario Institucional. Era el año 2005. Por entonces, la deuda de Coahuila era de unos 25 millones de dólares. Cuando Moreira dejó su puesto, en 2011, había subido a un ritmo enloquecido hasta alrededor de los 2 mil 500 millones de dólares. Aumentó el gasto en educación, hizo bibliotecas, financió una ambiciosa campaña de difusión cultural, inyectó una fortuna en obra pública, y a la vez, entre su gestión financiera y las paladas de monedas que supuestamente sacó de la hucha, dejó a Coahuila, una pródiga cuenca minera y lechera, chupada como después de una noche de bodas con un vampiro.

“Fue una época de dispendio. Nos dejó con una deuda imposible de pagar”, dice Carlos Manuel Valdez, profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Coahuila, que compara la política de Moreira con la de Hugo Chávez en Venezuela. “Empezó siendo un maestro sencillo pero terminó enfermo de poder, gastando dinero sin límite para comprarse el favor de la gente y con desvaríos como querer implantar en Coahuila la pena de muerte”.

En el apogeo de su poder provincial, llegó a codearse con Fidel Castro, al que visitó en 2007. La reunión empezó un lunes a las once de la noche y terminó ocho horas después, cuando ya amanecía. Moreira estableció un acuerdo de intercambios con Cuba. Dos semanas después de ver a Castro, el gobernador envío en avión a La Habana a la orquesta de cámara de Coahuila, con la Suite Mexicana de plato fuerte de su repertorio.

En México, sin embargo, no sintonizaba con la cúpula de la República. Moreira fue uno de los contados gobernadores que alzaron la voz ante la disruptiva estrategia contra el narco del presidente Felipe Calderón –del Partido Acción Nacional, que apeó al PRI del poder en el 2000–. Calderón, a su vez, lo consideraba un saboteador de su mano dura contra los carteles. El hecho es que Coahuila se volvió uno de los puntos más salvajes de la eclosión criminal, con el atroz grupo de Los Zetas regando de sangre la región; a tal extremo que llevaron a cabo una masacre en Allende, cerca de la frontera con Texas, en la que se supone que hubo cerca de 300 muertos, aunque la investigación aún no ha podido sacar números claros a partir de los restos que dejaron Los Zetas, expertos en la disolución de cadáveres en bidones de ácido.

Pero eso ocurrió en marzo de 2011, tres meses después de que Moreira dejase el gobierno de Coahuila para dar su gran salto: asumir la presidencia del PRI para cohesionar a sus familias de cara a las elecciones de 2012.

Dentro del partido luchaban por la candidatura Manlio Fabio Beltrones, peso pesado del priismo tradicional, y Enrique Peña Nieto, representante del bando renovador. A lo largo de 2011 Moreira hizo su trabajo. En noviembre, Beltrones abandonó el combate y Peña Nieto, tan cercano a Moreira que nació sólo ocho días antes que él, fue nombrado candidato el 17 de diciembre, aunque no pudo compartir su alegría con su coetáneo: dos semanas antes, el 2 de diciembre, Moreira se había visto obligador a dimitir como presidente del PRI por el creciente escándalo del endeudamiento de Coahuila. La pista de baile se le quedaba a oscuras.

Ya apartado del escenario, sufrió un golpe trágico. El miércoles 3 de octubre de 2012 su hijo Luis Eduardo, de 26 años, fue asesinado a tiros en Coahuila por sicarios de Los Zetas. Cuando Peña Nieto fue investido presidente el 1 de diciembre siguiente, el hombre que había allanado su camino dentro del PRI era, elementalmente, dos cosas: un padre de luto y el hermano menor del nuevo gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, que ganó –también con el PRI– en julio de 2011.

Rubén nunca criticó a su hermano por su nombre, pero tampoco evitó –o no pudo evitar– reconocer lo envenenado de su legado: “Cuando yo entré a mi gobierno, me di cuenta de que estábamos a punto de que el monopolio de la autoridad no lo tuviera el Gobierno sino la delincuencia”, afirmó en una entrevista con un diario local.

A principios de 2013, Humberto Moreira puso tierra de por medio con México y se inscribió en un máster en Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pocos meses después, los medios mexicanos dieron cuenta del acomodado estilo de vida del político defenestrado en la ciudad catalana, a donde se habían mudado con él su mujer y sus hijas. Chalet, coche caro, piscina. Moreira respondió que tiraba de sus ahorros y de una beca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Antes de que acabara el año pisó otro charco, por narcisismo: subió en Twitter fotos suyas luciendo ante un espejo abdominales de gimnasio.

Por entonces la justicia de Texas estaba buscando a dos de sus hombres fuertes de su etapa de gobernador, el extesorero y el exencargado de Desarrollo Social, por blanquear en Estados Unidos dinero que supuestamente habían robado de los fondos públicos del Estado de Coahuila.

El hilo se fue desenrollando, silencioso, hasta que el 16 de enero la Policía española lo detuvo y difundió la noticia de su arresto con un tuit que acababa con un hashtag sardónico: “#misióncumplida”, las mismas palabras que había empleado justo una semana antes el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para anunciar la detención de El Chapo Guzmán, un narcotraficante. Pero al cabo de unos días quedaba libre por falta de pruebas y el 4 de febrero ya estaba de vuelta en México, donde Moreira parece a salvo de nuevas investigaciones.