Pernocta ‘El Bronco’ en el penal
El exgobernador de Nuevo León enfrenta cargos por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales; fue capturado en un operativo de la FEDE en General Terán
Monterrey, N.L.
El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien cobró notoriedad nacional en 2018 por proponer “mochar la mano a los corruptos”, fue detenido el martes acusado de uso indebido de recursos públicos para la captación de firmas, que le permitieron obtener la candidatura presidencial por la vía independiente para las elecciones federales de 2018.
Elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León llevaron a cabo el operativo, que tuvo lugar en el municipio de General Terán, en la región citrícola del estado.
A través de un comunicado, la fiscalía estatal informó que la detención fue resultado del cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un juez de control y de juicio oral del estado, “por su probable participación en hechos con características de delitos electorales”.
En el operativo también participó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con oficiales de Fuerza Civil.
Se asentó que “la persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica”.
Por la tarde se informó que ‘‘El Bronco’’ fue trasladado al penal de Apodaca en medio de un operativo de seguridad. Circularon imágenes en las que se observa al exgobernador vestido con una camiseta, un pantalón deportivo color gris, zapatos café y sentado dentro de una celda, hablando con un agente penitenciario. En otra imagen, personal de salud le toma la presión y la oxigenación.
Tras darse a conocer la detención, el gobernador Samuel García publicó un mensaje en Twitter en el que se lee: “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos. #NuevoLeónIncorruptible #Broncofirmas”.
El mensaje va acompañado de un video en el que García expresa: “Decir que somos un gobierno incorruptible es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público para sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel”.
LOS ORÍGENES
La denuncia por este caso fue presentada ante la FEDE de Nuevo León en julio de 2018 por el entonces senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García.
En junio de 2018, la Sala Superior del Tribuenal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Rodríguez Calderón incurrió en malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el proceso de acopio de firmas para obtener su postulación.
Por unanimidad el Tribunal confirmó sanciones por 739 mil pesos impuestas a El Bronco en mayo de 2021 por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El INE determinó que el abanderado utilizó 13.7 millones de pesos obtenidos de forma irregular bajo tres esquemas: empresas mercantiles —que por ley tienen prohibido financiar actividades políticas partidos o candidatos— dieron 4.4 millones de pesos disfrazados de “aportaciones” de simpatizantes.
Entre esas empresas se detectaron algunas fantasmas y otras mercantiles, las cuales fondearon pagos vía tarjetas Saldazo de Oxxo, realizados a mil 35 personas registradas como auxiliares de El Bronco, con un total de 6 millones 630 mil pesos.
A eso se sumó que 652 servidores públicos de 29 dependencias del gobierno de Nuevo León reunieron firmas en horas y días hábiles, lo que fue considerado aportación en especie estimada en 2 millones 608 mil pesos.
Ante esto, el senador Samuel García promovió ante el Congreso de Nuevo León la destitución de Rodríguez Calderón.
El junio de 2020, en el Congreso de Nuevo León los partidos de oposición a El Bronco promovieron un dictamen para inhabilitarlo y sancionarlo, pero no alcanzó la votación necesaria.
Ese mismo año, la Sala Especializada del TEPJF emplazó al Congreso de Nuevo León a establecer la ruta para sancionar al gobernador. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó la inconstitucionalidad del proceso.
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