Suspenden el juicio de Yarrington

El juicio contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue suspendido y no tiene fecha de inicio, de acuerdo con el tablero judicial de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, con sede en Brownsville.

La selección de jurado y la primera audiencia contra el político priísta se agendaron para la segunda y tercera semana de septiembre. Sin embargo, la juez Hilda G. Tagle pospuso el proceso correspondiente a la causa penal B-12-435-S1, por los delitos de extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude bancario, entre otros.

La policía italiana detuvo a Tomás Yarrington el 9 de abril de 2017. El tamaulipeco cenó en un restaurante del centro de Florencia. Al salir, caminó junto a otro hombre de origen polaco por la Piazza della Signoria. A los pocos metros 3 hombres y una mujer, agentes italianos, lo rodearon. Él los saludó, mostró una credencial de conducir con un nombre falso, pero corroboraron su identidad.

Los gobiernos de Estados Unidos y de México presentaron solicitudes de extradición ante la autoridad italiana. Los magistrados italianos decidieron que el imputado no viniera a México, “por existir una crónica, constante y sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles”. Señalaron también la presencia de actos de tortura, documentados por organizaciones acreditadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El político peleó contra la extradición en el tribunal italiano. Empero, en abril de 2018 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar 11 cargos. Dichas acusaciones fueron presentados en mayo de 2013, informó el procurador federal para el sureste de Texas, Ryan K. Patrick.

El caso que llevó a la captura del exgobernador reside en la División de Brownsville del Distrito Sur de Texas. Yarrington, de 61 años, y Fernando Alejandro Cano Martínez, de 61 años, propietario de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, son acusados de lavar dinero, defraudar y conspirar para hacer declaraciones falsas a bancos estadounidenses.

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Además, solamente Yarrington es imputado por narcotráfico, cargo que se vincula con posible fraude bancario y transacciones ilegales de dinero obtenido por sobornos de los principales narcotraficantes que operaban en Tamaulipas. A cambio, supuestamente Yarrington permitió que operaran libremente.

Según la acusación formal, de 2007 a 2009, el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presuntamente participó en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia los Estados Unidos.

El agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Shane Folden, comentó que este caso corresponde a la persecución de las organizaciones criminales transnacionales, “que incluyen a funcionarios públicos corruptos que utilizan su posición e influencia para promover la actividad ilícita, y representan una amenaza para la seguridad nacional de los E.U.”

Las autoridades estadounidenses comenzaron a observar a Yarrington por el empresario constructor Fernando Cano. Las investigaciones señalan que el propietario de Materiales y Construcciones Villa de Aguayo pagó para recibir contratos de obras públicas y adquirir bienes inmuebles durante el mandato de Yarrington. El gobierno americano asegura que el político recibió los pagos por la obra pública asignada a la constructora de Cano en la última parte de 2004.

SE COMPRÓ AVIÓN

“…Parte de esos fondos se usaron para comprar un avión Sabreliner 60 en enero de 2005. Como parte de esa compra, se transfirieron 300 mil dólares a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Otra porción de los fondos presuntamente robados, 5 millones de pesos mexicanos, fue transferida a Cano en la primavera de 2005, según la acusación”, refiere la fiscalía.

A Yarrington y Cano se les involucra en la adquisición de terrenos, casas, automóviles, cuentas bancarias y aviones en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays. Para la compra usaron nombres de empresas establecidas a partir de 2005 en territorio del sur de Estados Unidos. En estos movimientos se presume la utilización de más de 7 millones de dólares.

El modus operandi para comprar activos detectado por las corporaciones de justicia y seguridad para evadir el cerco antilavado fue generar transacciones estructuradas de 10 mil dólares o menos, con el objetivo de eludir la presentación de Informes de Transacciones Monetarias por parte del banco.

Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Investigaciones Criminales de Ingresos Internos (IRS-CI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), participaron en las indagatorias que datan de actividades presuntamente ilícitas a partir de 1998.

Los documentos acusatorios de la Corte Federal del Distrito Sur precisan que el exmandatario de Tamaulipas lavó millones de dólares comprando propiedades en Texas, a través de cómplices entre los que destacan los empresarios Napoleón Rodríguez y Fernando Cano y una mujer de nombre Sindy Chapa.

El político priísta, nacido en Matamoros, también está acusado de conspirar para violar las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, de dos cargos de fraude bancario y de conspiración para estructurar transacciones monetarias en una institución financiera nacional.

ACEPTÓ SOBORNOS

De acuerdo con la investigación, Yarrington aceptó sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico desde que era candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 1998 y de haber mantenido la colaboración con estos grupos a lo largo de todo su mandato.

El documento señala que el exgobernador de Tamaulipas trabajó desde 1998 para tres cárteles del narcotráfico, incluyendo el cártel del Golfo, los Zetas y el cártel de los Beltrán Leyva.

Las autoridades han confiscado millones de dólares en activos que Yarrington que presuntamente adquirió en Estados Unidos con dinero proveniente del crimen organizado.

De ser declarado culpable en Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión, por crimen organizado y lavado de dinero, hasta 30 años de cárcel por cargos de conspiración para cometer fraude bancario, y otra sentencia de 10 años de prisión por los cargos de conspiración para traficar drogas.

USÓ FALSAS IDENTIFICACIONES

 Los fiscales encargados de llevar el caso de Yarrington en Estados Unidos presentaron identificaciones falsas que usó el exgobernador tamaulipeco.

 La Corte recibió una licencia de origen estadounidense y dos credenciales mexicanas, la primera es del INE (Instituto Nacional Electoral) con el nombre de José Ángel Márquez Pérez. Con el mismo nombre, entregaron una licencia para conducir.