Grave problema repatriados que están varados

El problema de los connacionales deportados de Estados Unidos, ahora llamados “repatriados”, así como los centroamericanos que no han podido cruzar al vecino país y se han convertido en población flotante, constituye un asunto espinoso para la autoridades encargadas del tema y un asunto de preocupación para la comunidad.

Existen voces comunitarias que señalan a los connacionales deportados y centroamericanos varados en la ciudad como parte de los problemas relacionados con hechos delictivos del fuero común.

Otras opiniones que señalan que no se puede generalizar que todos los deportados mexicanos o centroamericanos sean malos, ni etiquetarlos como delincuentes.

Sin embargo representantes de organismos sostienen que entre un 10 y 20 por ciento, tanto connaconales repatriados como centroamericanos, que  permanecen en la localidad, con la esperanza de cruzar al otro lado, terminan delinquiendo por necesidad o caen en las adicciones y en consecuencia se convierten en carne de cañón para cometer delitos mayores.

En torno al tema de la migración se han generado programas institucionales que brindan asistencia a los connacionales repatriados para que sean respetados sus derechos humanos desde el preciso momento en que reingresan al país como deportados.

También han surgido en la frontera reynosense diversos organismos no gubernamentales que les brindan apoyo asistencial, así como la  Comisión Internacional de Derechos Humanos y albergues de corte religioso especializados en migrantes: los dos principales son el Albergue Senda de Vida y la Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe.

La preocupación comunitaria surge por la presunción de que entre los connacionales repatriados se cuelan personas con antecedentes penales, quienes en lugar de continuar a sus lugares de origen para evitar ser castigados se quedan en la ciudad, y en un momento dado reinciden o cometen otros tipo de hechos delictivos. 

Un porcentaje de los connacionales repatriados, oriundos de otros estados de la República, que se quedan en la ciudad, sin dinero, sin trabajo formal, porque no logran conseguir empleo asalariado por falta de documentos.

Al final de cuentas estos connacionales también incurren en robos, principalmente a negocios y comercios de donde sustraen comestibles para mitigar el hambre (lo que se denomina el robo famélico; el robo por hambre) u otro tipo mercancías para malbaratarlas por unos cuantos pesos.

La alcaldesa Maki Ortiz Domínguez manifestó que el problema de migración es una problemática que sufren todas las fronteras, y que al final de cuentas es una responsabilidad de los dos países, tanto de México que debe hacerse cargo de sus ciudadanos, como de Estados Unidos que debe repatriar hacia Centroamérica a aquellos ciudadanos que sean de países de esa región continental.

“Estados Unidos debe de enviarlos a Centroamérica y no dejarlos cruzar a México solamente porque hablan español, sino que realmente necesita haber un verdadero escrutinio para saber a que nacionalidad pertenece cada una de esas presionas y que puedan ir a sus lugares de origen de una manera ordenada”, enfatizó Maki Ortiz Domínguez.

Sobre la especie de que las personas de origen centroamericano se han convertido en un problema para la ciudad, la alcaldesa enfatizó: “Las personas nunca son un problema, pero lo que si es una realidad es que muchas veces nos hemos encontrado en algunos meses del año con un incremento muy grande de ciudadanos de otros países en la ciudad y que se encuentran en los albergues. Y sí, son un costo para la ciudad, así es que yo creo que si debe de haber un ordenamiento en donde todos aquellos ciudadanos que sean captados en el río o en el lado americano, sean repatriados a sus lugares de origen y que cada país se haga responsable de sus compatriotas”.

Sobre el supuesto de que entre los connacionales repatriados se cuelen personas con antecedentes delictivos o centroamericanos, dijo desconocer información concreta, “pero lo que si se es que nosotros como mexicanos debemos hacernos cargo de nuestros ciudadanos y que cada país debe hacerse cargo de los suyos, que no sea un costo para los demás países”.

“La responsabilidad de Estados Unidos, así como la responsabilidad de todos los países es generar las oportunidades para que los ciudadanos se queden ahí y los que lleguen a Estados Unidos que no sean de nuestro país deben de ser repatriados a su país de origen y no cruzados a México si no son mexicanos”, subrayó la alcaldesa

Autoridades del sector, como el Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM), aplican programas para reincorporar a sus lugares de origen a los connacionales repatriados, a quienes costean el pasaje para que regresen a sus estados de origen.

También instrumentan, en coordinación con la Secretaria de Gobierno de Nuevo León, el programa “Traslado Seguro” que consiste en escoltar el autobús donde van los repatriados con agentes de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, hasta el kilómetro 30 de la carretera a Monterrey donde toman la custodia agentes de Fuerza Civil de Monterrey para llevarlos a la capital de esa entidad.

Sin embargo, según Ricardo Calderón Macías, delegado en Reynosa del ITM, un seis por ciento de los repatriados se queda en la ciudad laborando en empleos temporales en tanto  juntan dinero y gestionan documentos personales que al retornar les ayudarán a reincorporarse con mayor facilidad a sus respectivas comunidades.

Agregó que en coordinación con instituciones educativas técnológicas, se les aplican evaluaciones a los repatriados para certificar los conocimientos técnicos que adquirieron durante su estancia en Estados Unidos.

Dijo que el ITM brinda a los repatriados asistencia integral, servicios psicológicos, de salud y orientación geográfica, así como alimentación y albergue en las Casas del Migrante que colaboran con el programa institucional, pero dependen del libre albedrío de los deportados si aceptan dicha asistencia.

Tampoco se les puede obligar a que abandonen la ciudad porque desde el preciso momento que llegan a Reynosa en calidad de repatriados se hacen valer sus derechos como mexicanos, y es decisión de los repatriados el regresar a sus lugares de origen o quedarse en la ciudad, explicó el funcionario.

Por supuesto que casi todos, con excepción de unos cuantos, deciden regresar con sus familias, pues permanecer en la ciudad significa para ellos mucho riesgo, son un grupo vulnerable que se encuentra en indefensión en su paso por Reynosa hacia su lugares de origen. Así lo hacen saber cuando comunican su intensión de irse de la ciudad.

Como el caso de Gerardo, originario de Guerrero, quien mientras se le tramitaba la reposición de documentos personales no salía del albergue convencido de que podría ser víctima de delincuentes.

Por su parte, Margarito Grajeda López, encargado de la sección de migrantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, comentó que entre los repatriados y centroamericanos “hay de todo, hay buenos y hay malos, tampoco podemos decir que el 100 por ciento son buenos”.

Según su particular apreciación, indicio que el 20 por ciento de los migrantes incurren en acciones negativas al paso de los días, ya que llegan sin dinero y al no poder regresar a sus lugares de origen suelen caer en los vicios o roban para subsistir.

Dijo que como organización tratan de ayudarlos con el pasaje cuando son deportados o los canalizan a los albergues, brindándoles toda la ayuda posible.  

Pero después “los veo drogándose, pidiendo dinero o saliendo de cantinas, a veces los veo en la cárcel y ahí nosotros ya no podemos hacer nada por ese tipo de personas”, apuntó Grajeda López.

REPUNTA VIOLENCIA

 Según expertos, las repatriaciones de connacionales de Estados Unidos, los centroamericanos que se han quedado varados en la frontera al no poder cruzar al vecino país y el reacomodo de organizaciones delictivas, son causas principales del repunte de la violencia.

 Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan;

 Los homicidios aumentaron un 66 por ciento durante el año anterior en comparación con 2016 en Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana.

 La cifra más drástica se registró en Reynosa, donde se triplicaron los asesinatos pasando de 18 en 2016 a 225 en 2017.

 En Tijuana los asesinatos se duplicaron.