Descargas eléctricas como ‘terapia’ escolar

Manfiestación fuera de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) contra el tratamiento utilizado en el Centro Educativo Juez Rotenberg.

Washington. La “terapia de aversión” tiene como objetivo cambiar un comportamiento. Cuando se quiso sanar la homosexualidad, los doctores exponían a sus pacientes a imágenes excitantes para después aplicarles una descarga eléctrica. Así, la persona reprimía sus impulsos al asociarlos a la experiencia dolorosa. El Centro Educativo Juez Rotenberg (JRC) de Massachusetts castiga a sus alumnos con capacidades diferentes utilizando un tratamiento similar desde hace 30 años. Es el único que aplica este sistema en EE UU y en junio logró el respaldo de una juez para continuar su labor, pese al repudio de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Los padres de los alumnos celebraron la noticia: “Hemos intentado y continuaremos probando todo lo que está disponible para nuestros hijos”.

El centro defiende utilizar el tratamiento cuando los alumnos están en riesgo de hacerse daño a sí mismos o a otros. Sin embargo, Andre McCollins sabe que no es así. En 2012 se publicó un vídeo en el que se veía al joven autista enfadado porque no quería quitarse el abrigo en la sala. El castigo a su rebeldía fue someterlo durante siete horas a 31 descargas eléctricas mientras lo tenían amarrado boca abajo a una camilla y con un casco en la cabeza. Quedó catatónico durante un mes. “No tenía idea de que torturaban a los niños en la escuela”, reconoció la madre de McCollins en los tribunales tras demandar a la institución. Llegaron a un acuerdo por un monto que no fue revelado.

El tratamiento no funciona como una terapia de electrochoque. Los niños y adultos con trastornos emocionales y con discapacidades de aprendizaje tienen atado a las piernas y muñecas un dispositivo de descarga eléctrica gradual. El personal posee un control remoto en el que presionan un botón cuando quieren castigarlos, según cuenta The Washington Post, que visitó el centro en una oportunidad. Pueden enviar una descarga de hasta 45,5 miliamperios de electricidad, lo que produce un fuerte dolor e importantes contracciones musculares. Los efectos secundarios incluyen quemaduras, complicaciones cardiacas y estrés postraumático.

En 2014, una petición reunió 300.000 firmas para que la FDA, máxima autoridad sanitaria de EE UU, prohibiera usar estos dispositivos en tratamientos a personas con discapacidad. Tras dos años de investigaciones, la FDA informó que el JRC utilizaba el tratamiento aversivo en 50 alumnos y presentó formalmente su rechazo. El entonces director interino de la Oficina de Evaluación de Dispositivos sostuvo: "Estos artefactos son peligrosos y un riesgo para la salud pública, y creemos que no deberían usarse”. La FDA aprobó en 2016 un reglamento que los prohibe, pero aún no se implementa porque "continúan revisando los comentarios a su expediente".

Un momento clave para renovar las fuerzas de los detractores fue cuando el relator especial sobre la Tortura de la ONU denunció la práctica del centro en 2011: “Eso no es un tratamiento, es tortura”. La administración de Massachusetts intentó frenar al establecimiento en 2014, pero tras un largo proceso, el Juzgado Familiar del Condado de Bristol negó en junio la moción. “(El Estado) no pudo demostrar que exista un consenso profesional de que el tratamiento aversivo de nivel III utilizado en el centro no se ajusta al estándar de atención aceptado para tratar a las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo”, sentenció la juez Katherine Field. El Departamento de Salud de Massachusetts apeló la decisión y el establecimiento respondió a través de un comunicado: “Confiamos en que el tribunal tomó la decisión correcta conforme al testimonio de expertos y familiares y otras pruebas presentadas y estamos seguros de que la decisión se ratificará”.

Los padres de los alumnos han mostrado su “repudio” a las autoridades del Estado por “actuar de mala fe”, además de publicar una declaración en la que defendían el amor a sus hijos. Ahora, con la apelación como próxima batalla legal, esperan “con ansia” que el tribunal no cambie de opinión: “Nunca uno de estos supuestos defensores o activistas nos ofreció un tratamiento nuevo o mejor para nuestros hijos”.