Impulsará AMLO ley de amnistía

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador encabezará en México impulsará ante el Congreso una ley de amnistía que se elaborará a partir de las propuestas recibidas de víctimas y de expertos nacionales e internacionales, y que podrá incluir leyes especiales, instrumentos de justicia transicional, indultos y reducción de penas, pero garantizando que no haya impunidad.

Así lo indicó el viernes el equipo de seguridad del futuro mandatario, que subrayó que el objetivo de esta gran estrategia es pacificar un país azotado por la violencia, donde más de 200.000 personas han sido asesinadas y otras 35.000 han desaparecido desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) empezó su lucha frontal contra el crimen organizado hace casi 12 años.

Según Alfonso Durazo, asignado por López Obrador para encargarse de la futura Secretaría de Seguridad Pública, no se trata de una “amnistía a secas” que pudiera implicar discrecionalidad por parte del futuro presidente. “Exploraremos, sin prejuicios ni estridencias, todas las ideas y propuestas que nos permitan recuperar la paz y la serenidad en el país”, señaló.

Eso sí, “sin pasar por la impunidad”, y con la intención de que el actual nivel de violencia no se repita, agregó Durazo.

La ley será complementada con otras nueve iniciativas de seguridad, pero estas acciones no acabarán con la violencia de un día para otro, reconoció Durazo, aunque sí empezarán a rendir resultados “en el muy corto plazo”.

Olga Sánchez Cordero, quien ha sido nombrada como próxima secretaria de Gobernación, subrayó que echarán mano “de todos los instrumentos legales” a su alcance, pero el eje de todo serán “los derechos de las víctimas”.

“No significa impunidad” sea quien sea quien cometa el delito, reiteró por su parte Loreta Ortiz, asesora del gabinete de transición en materia de derechos humanos. La experta destacó que “nunca procede el olvido o el perdón con crímenes de lesa humanidad”, mientras que el resto de delitos se analizarán conforme a lo que señalen las víctimas.

En principio, los primeros beneficiados por esta ley, explicó Ortiz, podrían ser niños, jóvenes coaptados por el crimen organizado, mujeres que son involucradas en delitos por su pareja _lo que se conoce como “delitos de amor”_, campesinos que hayan sido productores de droga, gente acusada de delitos políticos y otras personas que no han cometido ningún acto de carácter violento.

Además, se establecerán “algunas comisiones de la verdad” para determinados hechos _integradas por sociedad civil, sacerdotes y expertos internacionales_ que serán una “herramienta” para la pacificación con los derechos de las víctimas y el derecho a la memoria como ejes y que conllevarán acceso a la justicia, a mecanismos de no repetición y a la reparación del daño, explicó Sánchez Cordero.

Un tribunal mexicano ya ordenó la creación de una comisión de este tipo para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, conocido como caso Ayotzinapa, pero la sentencia está paralizada al estar en litigio por una de las partes.

La consulta ciudadana sobre la ley de amnistía _propuesta que marcó toda la campaña electoral y que, según el equipo de López Obrador, fue totalmente tergiversada por sus contrincantes_, comenzará de manera inmediata y tendrá una primera fase de “foros de escucha” con víctimas de desapariciones, homicidios, secuestros, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la libertad de expresión o contra los niños o los migrantes, entre otros delitos.

Además, se habilitará una plataforma digital, habrá encuentros con los expertos y altas personalidades _entre las que se incluirán el papa Francisco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres_ y luego habrá brigadas “calle por calle y casa por casa”, explicó Ortiz, para poder llegar a sectores de la población con quienes no tendrían otra forma de comunicarse. El nuevo presidente tomará posesión el 1 de diciembre y el objetivo sería poder presentar la propuesta de ley al Congreso antes de fin de año.

Entre el decálogo de iniciativas de seguridad que complementarán la ley, Durazo adelantó la capacitación gradual de policías para que en cuanto estén listos, puedan ir relevando a las fuerzas armadas y que éstas vayan progresivamente saliendo de las calles y regresando a sus cuarteles, o una mayor supervisión de la armas y el efectivo que llegan desde Estados Unidos.

En este sentido, dijo que las revisiones no sólo se harán de sur a norte _la dirección que lleva la droga_, sino de norte a sur _la ruta del armamento y el dinero_ y que se utilizará la tecnología más avanzada para vigilar la corrupción en aduanas y aeropuertos.

El objetivo es “combatir al narcotráfico como un ente económico”, que es lo que le da capacidad para operar y corromper.

La lucha contra la corrupción, epicentro de la campaña de López Obrador, será un elemento básico, según Durazo, para romper el círculo vicioso que hace que México tenga un 99% de impunidad.

“No hay crimen organizado que no avance de la mano de la protección policial pero, al mismo tiempo, no hay protección policial al crimen organizado o desorganizado que no avance de la mano de un alto político o un alto funcionario público”, indicó. “Eso se va a acabar”.

El mismo viernes, el movimiento denominado “Fiscalía que sirva” y que agrupa a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y académicos, emitió un comunicado en el que pide al Senado saliente que no nombre un fiscal general sin contar antes con una fiscalía independiente, porque un fiscal “designado de manera exprés no puede operar dentro de una Procuraduría General de la República en ruinas y plagada de vicios”. Estos colectivos abogan por que ese proceso lo lideren los legisladores elegidos el pasado domingo.