Prepara EU celda para Yarrington

ROMA, ITALIA

El Tribunal Supremo de Italia dio vía libre al gobierno para que autorice, en un plazo máximo de 45 días, la extradición de Tomás Yarrington a Estados Unidos.

La medida, que reduce las posibilidades de que el exgobernador de Tamaulipas –acusado de lavar dinero del narcotráfico– sea extraditado a México, encamina a Yarrington hacia una celda en Estados Unidos, país que lo acusa de 11 delitos por sus presuntos negocios con el cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva.

De hecho, la decisión se remite a la sentencia número 14941/18 de la Sexta Sección Penal del Tribunal Supremo italiano, emitida tras la audiencia del pasado 26 de febrero y cuyos fundamentos fueron depositados este miércoles. Una sentencia por la cual dicha institución ha dado su visto bueno para que las solicitudes de extradición de Estados Unidos y México sean separadas y sigan caminos distintos, puesto que la primera ha sido autorizada y la segunda no.

Además, los jueces del Tribunal Supremo han rechazado todas las argumentaciones de los abogados de Yarrington contra la petición de extradición presentada por la justicia estadunidense a través de su oficial de enlace, Cristina Posa.

Circunstancia clave

En este contexto, la escisión de las dos peticiones es una circunstancia clave porque, de acuerdo con el artículo 708 del Código de Procedimiento Penal italiano, tras la presentación de los fundamentos de Tribunal Supremo, el ministro de Justicia italiano tiene un plazo límite de 45 días para decidir sobre la solicitud autorizada por los jueces de esa institución, en este caso sólo la estadounidense.

“Que las peticiones de extradición fueran (anteriormente) tratadas en un único procedimiento no impide, considerada la autonomía de cada una, que los procedimientos (ahora) se separen, en consideración del diferente resultado (que ha tenido) el recurso de apelación”, detallaron los jueces del Tribunal Supremo, en referencia a la decisión tomada sobre el recurso presentado por los abogados Luca Marafioti y Giulia Bongiorno, defensores de Yarrington.

“De incumplirse ese plazo de tiempo de 45 días, la persona detenida debe ser puesta en libertad, algo que es altamente improbable que Italia permitirá que ocurra en el caso de Yarrington”, explicó a Apro el fiscal Stefano Opilio, director de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia italiano y responsable del caso del exgobernador tamaulipeco.

“Con ello, el ministro se pronunciará únicamente sobre la petición presentada por Estados Unidos, que es la única que el Tribunal Supremo ha considerado legítima”, argumentó.

“Sin lugar a dudas nos pronunciaremos, y es muy probable que ya tengamos el decreto del ministro a finales de este mes”, añadió Opilio al rechazar que la actual situación de inestabilidad política italiana pueda ser un obstáculo para este procedimiento.

La razón de ello se debe a que es prácticamente imposible que en ese mismo plazo de tiempo (los 45 días) la Corte de Apelación de Florencia, a la que ha sido reenviada la petición de extradición de México, decrete una nueva sentencia sobre la misma y que luego el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta nueva decisión de los jueces florentinos, algo que deja a México –al menos de momento– fuera de juego. 

SIN IDENTIFICAR 35 MIL CADÁVERES: SEGOB

CUERNAVACA, Mor.

En México hay 35 mil cuerpos sin identificar en los Servicios Médicos Forenses (Semefos), fosas comunes y panteones ministeriales, declaró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, antes de reunirse con el comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, colectivos y familiares de víctimas, y autoridades del estado.

Previo a la llegada de las autoridades locales, los colectivos y familiares de víctimas expusieron las anomalías en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y sostuvieron que la falta de confronta de las bases de datos de personas desaparecidas, no identificadas y de los Semefos. “Tenemos 35 mil cadáveres sin identificar y alrededor de 30 mil denuncias por personas desaparecidas, por lo que es imperante tener las fichas digitales de ambos casos y seguramente habrá una cantidad importante de coincidencias”, dijo Avante.

El subsecretario gubernamental de Derechos Humanos admitió que Fiscalías y Procuradurías de Justicia presuntamente tienen sus carpetas de investigación pero con información incorrecta o incompleta lo que complica aún más su identificación.

A la prensa declaró que buscan la colaboración de los tres niveles de gobierno para tener una reacción activa inmediata porque “cuando una persona es privada de su libertad, y que no tuvimos la capacidad de respuesta para evitar que esas personas se conviertan en desaparecidas, entonces debemos incidir en el cruce de información para obtener su perfil genético”, abundó.

Finalmente, Avante Rodríguez reconoció la apertura de las autoridades locales al escuchar las observaciones de los familiares de víctimas, situación que no observó en entidades como Querétaro, donde las autoridades están renuentes a abrir la información. (El Universal)