Acribillan a defensora del territorio rarámuri

Ciudad de México

La historia es vieja: un conflicto por la tierra, comunidades indígenas despojadas de sus territorios ancestrales, caciques locales que explotan los campos y deforestan los bosques respaldados por la ley de las armas y defensores de los pueblos originarios que son asesinados por el camino. Gloria Cañez Chávez, una defensora de los derechos de los rarámuris de 63 años, y su hija Sali Avella Cañez, de 23, fueron acribilladas por más de 50 disparos el pasado sábado en el municipio de Balleza, Chihuahua, de acuerdo con la Fiscalía del Estado. Tras los homicidios se oculta una disputa por los permisos de tala de unos terrenos forestales, ha confirmado a El País este miércoles el fiscal de distrito de la zona sur de Chihuahua, Juan Carlos Portillo.

Sus cuerpos no fueron encontrados hasta el domingo. Los cadáveres de las dos mujeres aparecieron en un camino de la comunidad Yerbabuena acribillados a balazos. Los forenses recogieron al menos 51 casquillos percutidos a su alrededor del calibre .223 —muy similar a la munición estándar que utilizan las tropas de la OTAN, lo que ayuda a ilustrar el tipo de arsenal al que tenían acceso los asesinos—, 7.62x39 —un tipo de bala para fusil de origen soviético, de acuerdo con foros especializados— y 40 milímetros —de pistola—, de acuerdo con la Fiscalía. "Estamos buscando cuál es el grupo criminal predominante en la zona, pero indudablemente tenemos a ciencia cierta que el crimen fue por una disputa por el recurso maderable con auxilio de alguna asociación delictiva de la región", asegura Portillo.

INTERVENÍA EN CONFLICTOS

Cañez Chávez llevaba más de 30 años trabajando junto a las comunidades rarámuris que habitan la región. Se ocupaba principalmente de ayudar a dirimir conflictos por la tierra: recuperar para las comunidades indígenas el territorio que, consideraba, les había sido arrebatado. Buscaba que fueran los habitantes del pueblo originario los que pudieran trabajar los terrenos que históricamente habían sido suyos, en lugar de las compañías gestionadas por empresarios y caciques locales. 

Los vecinos de la región discrepan con el fiscal. Son muchas las voces que aseguran que, a pesar de tener también intereses personales —la recuperación de las tierras de su familia—, a Cañez Chávez la avalaban tres décadas de defensa por los derechos de los rarámuris y de lucha por conseguir que ellos pudieran recobrar y trabajar sus tierras. El periódico El Heraldo de Chihuahua recoge testimonios que afirman que una frase que la mujer solía decir en las asambleas locales era: "Ustedes también tienen derecho a vivir dignamente, comprar un vehículo y explotar las tierras que sus padres y abuelos les dejaron".

Preguntado por El País, el fiscal de distrito Portillo reconoce que Cañez Chávez acudía a las asambleas, pero mantiene que la Fiscalía no la considera una activista: "Hay versiones encontradas", concede.

Hace casi 10 años, en 2014, el marido de Cañez Chávez, Rubén Avella Molina, fue también asesinado a balazos. Su historia es más turbia que la de su esposa. Sobre Avella Molina pesaba la acusación de haber matado a su vez a dos hombres en 2010. Fue encarcelado cuatro años. Cuando salió de prisión, alguien lo mató. Detrás del crimen también se escondía una disputa por unos terrenos.

El doble homicidio de Cañez Chávez y su hija se produce en la misma semana que un nuevo informe de Global Witness señala a México como el tercer país más letal para los medioambientalistas y defensores de la tierra en 2022: 31 asesinatos, solo por detrás de Colombia (60) y Brasil (34). El país ha registrado una caída respecto a 2021, cuando encabezó el ránking con 54 homicidios, pero aun así las cifras siguen siendo sangrantes y la violencia, como ha vuelto a poner en evidencia el crimen de Chihuahua, no termina. "La situación general en el país no ha dejado de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente", defiende la ONG.

En el territorio rarámuri, el doble asesinato tampoco pilla por sorpresa. Hace poco más de un año, en junio de 2022, dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales (78 años) y Joaquín Mora (80), junto a un guía turístico, Pedro Palma (60), fueron acribillados en la puerta de la iglesia de Cerocahui, un pueblo en el corazón de la sierra Tarahumara. Javier Ávila, uno de los principales líderes de la comunidad jesuita y activo defensor de los derechos humanos en la región, resume así la situación: "Lamentablemente, no la conocía [a Cañéz Chávez] ni sabía de su trabajo, pero independientemente, es penoso verla en la lista de homicidios cobijados por la vergonzosa impunidad que caracteriza estos Gobiernos federal y estatal. Repito: no juzgo su trabajo, que desconozco. Juzgo la lamentable realidad que vivimos de homicidios y feminicidios en aumento día tras día, una prueba patente de los fallidos programas de seguridad y lo equivocada que está la militarización".