Anula Suprema Corte ´Plan B´

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado por completo el llamado "plan B" electoral del Gobierno, un paquete de seis reformas con las que la Administración de Andrés Manuel López Obrador pretendía acotar los recursos y las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), la instancia autónoma que organiza los comicios en México. Por mayoría de votos, el máximo tribunal ha resuelto este jueves que la manera como el Congreso procesó las reformas implicó violaciones graves al debido proceso legislativo, entre otras cosas, porque, en cuestión de horas, se aprobaron modificaciones a cientos de normas que los legisladores ni siquiera tuvieron tiempo de conocer. Las reformas fueron avaladas por la aplanadora oficialista en ambas Cámaras, conformada por Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo. El "plan B" se promulgó en dos partes, que fueron impugnadas por los partidos de oposición mediante sendas acciones de inconstitucionalidad. El Supremo invalidó la primera de ellas el pasado 8 de mayo. La resolución de este jueves ha cerrado el círculo, lo que permitirá al INE continuar operando sus mismos recursos, infraestructura y facultades de cara a la elección presidencial y legislativa de 2024.

La anulación total del "plan B" pone fin a uno de los capítulos más políticamente conflictivos del sexenio de López Obrador. La reforma al aparato electoral ha sido uno de los proyectos políticos prioritarios del presidente. Inicialmente, López Obrador intentó una reforma a la Constitución de gran calado con el que buscaba, entre otras cosas, remover a todos los integrantes del INE y el Tribunal Electoral y que los legisladores fueran elegidos mediante listas estatales. Era el proyecto original, el "plan A", que no prosperó porque el oficialismo no logró construir en el Congreso las mayorías calificadas necesarias —dos terceras partes— para reformar artículos de la Carta Magna. Ello dio paso al "plan B", un nuevo paquete de reformas, esta vez, a leyes secundarias, para las que se requiere del voto de una mayoría simple, que Morena y sus aliados reúnen con creces en ambas Cámaras. El oficialismo recurrió a la aplanadora legislativa para aprobar en cuestión de horas, sin someterlas a debate con la oposición, las iniciativas enviadas por López Obrador.

RIENDA SUELTA

La primera parte del "Plan B" reformaba la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con esos cambios, el Gobierno pretendía dar rienda suelta a los funcionarios públicos —especialmente al presidente López Obrador— para que pudieran hacer posicionamientos políticos y promover su imagen y a su partido. La segunda parte modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. En estas reformas anidaban las restricciones al presupuesto y las facultades del INE. Los partidos de oposición y grupos de activistas vieron en estas modificaciones una medida de control para manipular las elecciones.

El Supremo no entró al fondo del análisis de la constitucionalidad de las reformas, sino que consideró que las violaciones al procedimiento legislativo fueron suficientemente graves para invalidar las modificaciones. Los mismos nueve ministros que votaron con este razonamiento la primera vez lo volvieron a hacer, congruentemente, en la sesión de este jueves. Solo las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel —ambas propuestas por López Obrador a la Corte— votaron en contra de anular el "plan B", al considerar que las violaciones cometidas por los legisladores no tenían "potencial invalidante", es decir, que no fueron tan graves.

Los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez, autores de los proyectos de sentencia que terminaron por invalidar las reformas, señalaron que las iniciativas del "plan B" no fueron publicadas con la debida anticipación en la Gaceta Parlamentaria, además de que se avaló, sin la debida justificación, una dispensa de trámite que impidió que las propuestas se dictaminaran en comisiones y que fueran aprobadas en una misma sesión en cuestión de horas. El proyecto de Laynez añade dos agravantes en lo que respecta a la segunda parte del "plan B". Una de ellas está relacionada con la cláusula de la vida eterna que Morena, el PT y el Partido Verde introdujeron de último momento en el proyecto cuando la Cámara de Diputados ya estaba discutiendo en el pleno, de modo que los legisladores no solo no conocieron con anticipación las propuestas de modificaciones, sino que incluso la que recibieron a destiempo fue cambiada sin que se les avisara.