Elevan temores el costo de la deuda

Ciudad de México

Ayer, en la subasta semanal de valores del Gobierno federal, la tasa de interés del bono a 30 años aumentó 51 puntos base a un nuevo máximo histórico de 10.16 por ciento, lo que reflejó el creciente nerviosismo de los inversionistas por la reformas que se preparan, especialmente la judicial, coincidieron especialistas.

"A mayor riesgo, mayor rendimiento requerido por los inversionistas", anotó Gabriela Siller, directora de Análisis Financiero y Económico de Banco Base.

SUBEN RIESGO

"Las reformas constitucionales suben el riesgo de México y provocan que se tenga que pagar una mayor tasa de rendimiento sobre los bonos emitidos por el Gobierno".

Esto implica que al Gobierno le cuesta más financiarse.

Fue la Secretaría de Hacienda, a través del Banco de México (Banxico), la que informó del movimiento en la tasa del Bono a 30 años, la cual nunca había alcanzado los dos dígitos desde que se lanzó su primera emisión, en octubre de 2006.

MÁXIMO HISTÓRICO

Su máximo histórico anterior se dio en noviembre de 2022, cuando se estableció en 9.94 por ciento.

Alejandro H. Garza Salazar, director de Inversiones y fundador de AZTLAN Equity Management, consideró que alcanzar una tasa máxima en valores gubernamentales de largo plazo refleja la percepción de riesgo para México, tras las elecciones y la mayoría en el Congreso de Morena.

"Tener tanto poder concentrado en el mismo partido... y que esto pueda conllevar a una reforma constitucional que pueda ir en detrimento de una serie de cosas", destacó.

Refirió que hay dos factores importantes que impactan tanto en el riesgo País como en la volatilidad en el tipo de cambio, provocando que el dólar llegue a 24 o 25 pesos: lo relacionado a temas legislativos del Gobierno entrante y las elecciones en Estados Unidos.

Gerardo Copca, de Metanálisis, coincidió en que el máximo histórico alcanzado en Bonos a largo plazo obedece al tema de la reforma al Poder Judicial, pero también a que baje la tasa de referencia de Banxico.

José Domingo Figueroa, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, remarcó que cualquier reforma debe darle certeza a los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados, así como la posibilidad de dirimir disputas comerciales en tribunales expertos en materia energética, minera o de telecomunicaciones, por ejemplo.

Por separado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que preside Luis Méndez Jaled, consideró que la reforma citada debe analizarse a fondo y abrirse al diálogo, cuidando el Estado de Derecho.