Exigen pronunciamiento vs reclutamiento forzado
El problema se agrava por las amenazas del crimen organizado hacia familiares de las víctimas
GUADALAJARA, Jalisco
En Jalisco es cada vez más difícil rastrear a las personas desaparecidas, debido a una modalidad de reclutamiento forzado en el que piden a las familias de las víctimas no denunciar o retirar su reporte de desaparición.
Este es uno de los hallazgos del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG, que este martes hizo público un reporte sobre el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD).
De acuerdo con el órgano universitario, el reclutamiento forzado inicia con la privación ilegal de la libertad, después obligan a trabajar a las víctimas, mientras piden a las familias retirar las denuncias de desaparición.
Sobre los detalles e implicaciones de esa modalidad, así como las acciones para erradicarla es que el comité pide un pronunciamiento de autoridades implicadas como la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas o la Comisión de Búsqueda del Estado.
"La desaparición de personas sigue muy activa en Jalisco, pero también va en aumento la dificultad para rastrearlas. Hemos tenido conocimiento de casos en los que la privación de la libertad, y posterior reclutamiento forzado, se enmascaran como una relación laboral de corta duración y sueldo elevado, acompañada de la insistencia en que los familiares retiren el reporte de desaparición.
"Pedimos a los funcionarios responsables que se pronuncien sobre esta siniestra modalidad de desaparición y sobre las acciones que están tomando para combatirla", expuso.
El comité señaló además que, basándose solo en los datos captados en el REPD, en Jalisco van en aumento las desapariciones un 17 por ciento, esto si se hace el comparativo entre las víctimas del primer semestre de 2019 y las de 2024.
En ese lapso, la Entidad pasó de 845 a 989 desaparecidos que continúan sin ser localizados.
El grupo de especialistas también señaló tener preocupación sobre testimonios que apuntan a una resistencia de funcionarios para tomar conocimiento de privaciones ilegales de la libertad reportadas al 911 y sobre el estatus de confidencialidad que tienen 7 de cada 10 denuncias de desaparición en Jalisco.
"(Es) una proporción absurdamente elevada respecto a la mayoría de los estados del país y contraria al principio de máxima publicidad de toda política contra las desapariciones", señaló.
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