Mínima edificación del muro de Trump

McAllen, Tx.

Casi tres años después de la administración Trump, casi no se ha construido un muro fronterizo en Texas, los dueños de propiedades locales, desde rancheros hasta una diócesis católica e instituciones, se han resistido a los esfuerzos federales para reclamar sus tierras.

 La resistencia en el sur de Texas desde El Paso hasta Brownsville, donde la mayoría de la tierra es de propiedad privada, ilustra los desafíos en la construcción de un muro fronterizo, incluso si hay fondos disponibles, destacó la publicación.

Los únicos segmentos nuevos de muro en Texas desde que Trump asumió el cargo están al sur de la ciudad de Donna en el Valle del Río Grande, donde tres pequeños trozos de unas pocas docenas de pies de largo se elevan sobre un dique. Se espera que el tramo del muro que comenzó allí sea de 13 kilómetros de largo y cueste 167 millones de dólares, según CBP. 

Su cronograma de construcción dependerá de cuánto tiempo le tome a la agencia obtener los derechos de toda la propiedad necesaria.

CBP generalmente paga 100 dólares para inspeccionar la tierra. Si un propietario se niega, el gobierno debe demandar en un tribunal federal para acceder a la propiedad, destacó el diario.

La Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos permite que la propiedad privada sea “tomada para uso público”, siempre que se pague “una compensación justa”. Su poder se ha utilizado para ayudar a establecer parques, despejar terrenos para carreteras y ferrocarriles, y construir edificios públicos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha estado enviando cartas y celebrando reuniones durante dos meses pidiendo a unos 120 propietarios de tierras frente al río alrededor de Laredo que inspeccionen sus tierras, el primer paso para construir un muro en ellas.

 Algunos alrededor de Laredo, donde muchos pueden ver el Río Grande y México desde sus porches, dijeron que sí de inmediato. Pero otros se resisten y crean un conflicto potencial con el gobierno que podría prolongarse durante años.

El diario The Wall Street Journal dijo que las negativas han llevado al gobierno a demandar a 46 propietarios por el derecho de inspeccionar su propiedad en preparación para adquirir parte de ella, incluidos granjeros, ganaderos, empresas y varias instalaciones propiedad de una diócesis católica.

Algunos citan razones ideológicas para resistir un muro en su tierra. Otros dicen que dividirá sus propiedades en dos e interferirá con sus negocios o estilo de vida. La facilidad de acceso a la propiedad al otro lado de un muro dependería de dónde el gobierno construya las puertas de acceso.