Por violencia dejan pueblo

Ciudad de México

Teocaltiche es un municipio del Jalisco rural, algo menos de 40.000 habitantes cerca de la frontera con Aguascalientes y Guanajuato, un pueblo que come de labrar el campo y, en la última década, cada vez más de las remesas que los vecinos que emigraron a Estados Unidos envían de vuelta a casa cada mes. Teocaltiche es, también, una de esas tierras en las que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha hundido sus raíces con una receta de cuerpos arrojados a las calles, autoridades sometidas y terror social.

Teocaltiche ha sido abandonado a su suerte, ignorado por el Gobierno de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, en Jalisco, y también por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de Morena, denuncian los vecinos. Y la gente, desesperada, amenaza con organizarse en un grupo de autodefensa y aplicar con su mano las leyes que les han negado, una vieja fórmula ya trabajada durante décadas en los Estados vecinos de Michoacán y Guerrero que solo ha contribuido a echar más pólvora al arsenal del campo mexicano.

El martes, un grupo de sicarios en camioneta se puso a la altura del coche del comisario del municipio, Ramón Grande Moncada, y disparó contra él. Eran las 20.00 y el jefe de policía conducía junto a su esposa. Grande Moncada murió; su mujer, herida, sobrevivió. Fue el último episodio de una escalada que en los últimos meses ha dado a los enterradores más trabajo del habitual.

El suceso, narrado así, no se diferencia mucho de las ejecuciones de policías, políticos, empresarios o trabajadores que se ven a diario por las cuatro esquinas de México. En Teocaltiche, sin embargo, la Secretaria de Seguridad estatal tomó el control de la policía local ante la violencia desatada y las sospechas de que el CJNG trataba de controlar a los agentes del pueblo. Desde el 18 de febrero, la policía estatal mantiene un operativo especial de vigilancia. Aquel día, ocho policías y un civil, el chófer, fueron desaparecidos cuando viajaban a Guadalajara a realizar el examen rutinario de control y confianza.

Un día después, en una cuneta de la carretera que une Teocaltiche con Jalostotitlán, 40 kilómetros de recorrido, aparecieron los cadáveres de cuatro de ellos. Habían desmembrado tanto los cuerpos que los restos humanos de cuatro personas estaban repartidos en 13 bolsas distintas de plástico negro. De los cinco secuestrados restantes no se ha vuelto a saber nada. La policía solo encontró el teléfono móvil de uno de ellos y la camioneta en la que los policías viajaban a Guadalajara, en una colonia de Teocaltiche. Las investigaciones apuntan a que fue un ajuste de cuentas del CJNG, porque junto a los cuerpos dejaron una cartulina en la que se acusaba a los policías de colaborar con el Cartel de Sinaloa.

Durante los siguientes meses, la supervisión estatal en el pueblo no parece haber cambiado mucho las cosas. El 9 de abril, unos días antes del asesinato del jefe Grande, unos sicarios llegaron muy temprano a casa de otro policía, Luis Ernesto Chávez Regino, de 31 años, lo apuntaron con sus pistolas, lo obligaron a salir al patio de la casa en la colonia El Tanque y vaciaron sus cargadores contra él. Antes de la llegada de la estatal, el 2 de febrero, la oficial Sugey Areli López Guzmán murió tras un ataque a balazos cuando estaba de servicio. Otros dos agentes fueron heridos.

Las balas no solo han alcanzado al cuerpo policial. La población civil también ha tenido sus bajas. El 7 de abril, cuatro personas, tres hombres y una anciana, fueron acribillados en una casa de la colonia El Barrio. Los vecinos escucharon los gritos de una discusión, disparos y, al final, un grupo de hombres que huía del lugar en camioneta. Se calcula que unas 20 personas han sido asesinadas desde que la policía estatal llegó al municipio. Eso, solo desde febrero. Antes: masacres en bares, militares emboscados, matanzas entre grupos armados...

La violencia, pues, se ha convertido en rutina, pero el asesinato del comisario este martes pareció rebasar un límite. La cuenta de Facebook de la Administración Municipal hizo una petición de ayuda desesperada: "El pueblo de Teocaltiche no puede seguir viviendo entre el miedo, la violencia y el dolor. Hoy alzamos la voz con profunda impotencia e indignación por las tragedias que han golpeado una y otra vez a nuestra comunidad. ¡Basta ya de muertes! ¡Basta ya del sufrimiento de nuestras familias! ¡Basta de ser ignorados!", comenzaba la carta. "Cada vida perdida, cada familia rota, cada noche en vela, son heridas que claman justicia. No podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir así. Exigimos al Estado y a la Federación respuestas claras y contundentes. Exigimos protección real para nuestro pueblo. Exigimos que se restablezca la paz, la seguridad y la dignidad de nuestros hogares" añadía.

El crimen del comisario tocó una fibra en el ayuntamiento que no logró tocar el asesinato dos semanas antes de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada, vocero del colectivo Frente Teocaltiche por Nuestra Gente. La noche del 30 de marzo, un grupo de sicarios irrumpió en su casa y lo acribilló a balazos. También hirieron a su hermana. El activista había participado ese mismo mes en mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación para abordar el control del CJNG en el municipio. El gobernador del Estado, Pablo Lemus, culpó a Alonzo Estrada de su propia muerte porque, aseguró, tenía antecedentes por robo de hidrocarburos. Estaba "completamente descartado", dijo Lemus, que lo hubieran matado por su militancia política.

El Frente Teocaltiche por Nuestra Gente organizó esta semana protestas por el reguero de asesinatos. El miércoles, habían convocado una rueda de prensa en la plaza del pueblo para anunciar la creación de un grupo de autodefensa vecinal ante "la imparable ola de violencia que nos azota y la indiferencia de las autoridades federales", pero el acto no se celebró ante las presiones de la policía, que rodeó la plaza para impedir que accedieran los vecinos y la prensa. "La policía estatal volvió a demostrar que tiene las manos sucias, que tiene mucho que esconder al no permitir que diéramos a conocer los testimonios", denunció el colectivo.

El Frente arremetió también contra Lemus por "señalar a las víctimas como delincuentes" y defendió que "Jalisco se ha convertido en un estado en el que reina la infamia, la impunidad y la violencia, Teocaltiche y otros municipios somos evidencia de ello, en nuestras comunidades impera el terrorismo, la injusticia y el miedo". Meses antes, la alcaldesa, Margarita Villalobos, del PRI, se había desmarcado de la violencia asegurando que el tema no la "compete" a ella, sino a la Fiscalía, y que su jurisdicción se limita a que "haya agua en el municipio, que se recoja la basura".