Preocupa a CIDH autonomía judicial

CIUDAD DE MÉXICO 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "grave preocupación" por la aprobación de la reforma judicial en México y sus posibles consecuencias sobre la independencia de los juzgadores y el Estado de Derecho.

 En un comunicado, el organismo, que es parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió al Estado mexicano garantizar el diálogo con distintos sectores y concretar la reforma conforme a lo estándares internacionales, garantizando la independencia judicial.

 "La CIDH manifiesta su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial y advierte sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho", dijo el organismo.

 "La Comisión insta a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación. Asimismo, frente a la conflictividad y las protestas públicas, exhorta a garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados".

 La Comisión dijo haber recibido mucha información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional.

 Con base en lo anterior, cuestionó la celeridad con que fue aprobada la reforma, la inclusión de figuras como los "jueces sin rostro" --que son contrarios a convenciones internacionales-- y las descalificaciones de los impulsores de la iniciativa presidencial en contra juzgadores.

 De acuerdo con la CIDH, en México persisten los problemas de acceso a la justicia, altos niveles de impunidad y corrupción, pero en su opinión, una reforma del aparato judicial debe conducirse en un marco de diálogo amplio con la ciudadanía y abarcar a otras instituciones.

 "En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas", expuso.

 "Entre otros temas cuestionados, la Comisión ha conocido de la inclusión en la reforma constitucional de medidas de preservación de la identidad de personas juzgadoras en casos relacionados con delincuencia organizada, denominado por el sistema interamericano como "jueces sin rostro", cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano".

 Sobre la elección de jueces mediante el voto popular, dijo que la Relatora Especial sobre la independencia de personas magistradas y abogadas de Naciones Unidas ya manifestó su preocupación por la posibilidad de que las consideraciones políticas se impongan sobre los méritos objetivos en la selección de juzgadores.

 Dicha Relatoría incluso advirtió de los riesgos en la estabilidad del cargo, así como afectaciones a la autonomía administrativa y disciplinaria de la Judicatura, con las modificaciones que señala la reforma.