Reabre fiscalía teoría de un segundo tirador

Ciudad de México

El asesinato de Luis Donaldo Colosio es un caso abierto tres décadas después. La Fiscalía General de la República (FGR) ha retomado la línea de investigación que conduce a un complot y a un segundo tirador en el asesinato, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana (Baja California). La Fiscalía ha confirmado este lunes que ha acusado ante un juez a Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exintegrante del Cisen, el órgano de inteligencia del Gobierno, que estaba asignado al equipo de seguridad del candidato presidencial del PRI. La FGR también implica en el caso a Genaro García Luna, que entonces era subdirector Operativo en el Cisen y hoy está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Esta línea de investigación derriba la teoría de que Mario Aburto, el asesino confeso —y que ha denunciado haber sido torturado—, actuó en solitario.

El juez Alberto Chávez Hernández rechazó sin embargo los nuevos alegatos de la Fiscalía y no vinculó a proceso a los acusados. La FGR sostiene que las pruebas presentadas en contra de Sánchez Ortega demuestran su presencia en el lugar del homicidio, "en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos". También se añadió a la carpeta de investigación un análisis de sangre que muestra que en su ropa tenía la sangre de Colosio, aun cuando el exagente del Cisen no participó en su traslado al médico tras el atentado. La Fiscalía indicó que también hay pruebas de rodizonato que señalan que Sánchez Ortega disparó un arma, amén de "un gran número" de testimonios que afirman que huyó del lugar del crimen.

ENCUBRIERON AL ATACANTE

La Fiscalía sostiene que García Luna encubrió al atacante y luego maniobró para sacarlo de Tijuana "de manera urgente y subrepticia". La FGR ha advertido de que apelará la decisión del juez, al que acusó no solo de obstruir la justicia sino de haber hecho declaraciones "de orden personal" en contra del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La reapertura del caso ha estado a cargo de una fiscalía especial encabezada por el fiscal Abel Galván. López Obrador instruyó que se volviera a indagar en el expediente, a tres décadas de una versión oficial fisurada por las denuncias de Aburto de que fue víctima de tortura. Algunos críticos del Gobierno han visto en la reapertura de la investigación, en un momento clave para las elecciones presidenciales y legislativas, un objetivo político.