Recibió dinero García Luna de la Ciudad de México
La unidad de inteligencia financiera detalla los hechos en los que García Luna y familiares se beneficiaron con el dinero del pueblo
México.- El exsexcretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, recibió, a través de su red de empresas, dinero del Gobierno de la Ciudad de México durante la Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), según reveló este viernes Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Santiago Nieto informó que en el caso de García Luna se investiga al Gobierno de la Ciudad de México, que gobernó Miguel Ángel Mancera, que dio recursos públicos a una empresa propiedad del exsecretario de Seguridad Pública.
Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Nieto Castillo dijo que en 2017 el entonces gobierno de la Ciudad de México le depositó a la empresa a Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, dirigida por García Luna, 31.3 millones de pesos.
El funcionario dijo que además de las triangulaciones de recursos de Gobernación y la Tesorería de la Federación, también se tiene detectada una transferencia de la pasada administración del gobierno de la Ciudad de México.
“Son solo datos vinculados con dos secretarias, Seguridad Pública y Gobernación, además del Gobierno de la Ciudad de México y ese es el proceso de investigación que tenemos hasta el momento”, dijo.
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario detalló además la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos durante varios años.
De acuerdo con Nieto, el exfuncionario, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa, creó la empresa Nunva Inc, especializada en soluciones tecnológicas, telecomunicaciones y software, creada en 2011.
Previamente, García Luna había adquirido un software de espionaje en 2008 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
"Un software adquirido por recursos públicos se utilizó para una empresa de naturaleza privada", explicó Nieto.
A través de Nunva Inc, con sede en Panamá, García Luna recibió del 2013 al 2018 pagos de dependencias públicas y se enviaban recursos a Israel, Letonia, China o Estados Unidos, entre otros.
Según Nieto, el dinero recibido a través de estas triangulaciones hacia la empresa con sede en Panamá -y luego hacia otras firmas- financiaban la lujosa vida de García Luna en Miami.
A raíz de esto, el titular de la UIF confirmó además que continúa la investigación contra García Luna y sus familiares, quienes se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Señaló se han descubierto operaciones financieras que involucran a la Secretaría de Gobernación, y agregó que también el Gobierno capitalino, cuando estaba en manos de Mancera, habría participado en dicho esquema.
Según las investigaciones, existió al menos una transferencia realizada desde la Secretaría de Finanzas de la capital mexicana, la cual fue de poco más de 31 millones de pesos (1.64 millones de dólares).
Santiago Nieto dijo que la UIF no tiene constancia de que los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto conocieran estas operaciones.
Nieto confirmó que tanto el exministro del Supremo Eduardo Medina Mora -quien renunció recientemente al caso por un supuesto caso de corrupción- como García Luna tienen las cuentas bloqueadas.
"Los dos se encuentran en la lista de personas bloqueadas" y esto indicaría, según la UIF, que hay "actividades presuntamente ilícitas" y por ello se presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo.
Respecto a los montos totales que han sido bloqueados a García Luna dijo estar todavía en "espera de información" con Panamá y Estados Unidos.
Al respecto, López Obrador aclaró que la denuncia contra García Luna se presentó el pasado 24 de diciembre, luego de su vinculación a delito en Estados Unidos.
"La UIF investigó y la FGR hizo lo propio", indicó, y consideró que de no haber actuado se estaría siendo "cómplice" del delito.
Negó que este caso sea una persecución político, y dijo que en este caso se trata de "no ser tapadera de nadie".
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