Retorna al control civil

Ciudad de México

La Guardia Nacional, la gran apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la inseguridad en México, está a un paso de retornar al control civil y salir de la tutela del ejército, tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia.

A pocas horas de que se venza el plazo hasta el primero de enero que dio el máximo tribunal al gobierno para acatar la sentencia, las autoridades aún no han aclarado cómo va el proceso para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retome el manejo operativo y administrativo de la Guardia Nacional, que tuvo desde el 2019 cuando se creó el cuerpo en reemplazo de la extinta policía federal y que perdió el año pasado por una reforma legislativa.

Aunque a inicios de diciembre López Obrador se mostró renuente a que la Guardia Nacional saliera del control del ejército, alegando que eso generaría "muchos problemas", semanas después el gobernante cambió de opinión.

ACATARÁ FALLO

En su conferencia matutina del 18 de diciembre López Obrador afirmó que acataría "sin ningún problema" la resolución de la Suprema Corte, con la que mantiene tirantes relaciones, y admitió que "no tenemos nosotros dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional".

Sin ofrecer detalles, el gobernante dijo que "ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa".

The Associated Press solicitó a las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana una reacción sobre cómo marcha el proceso de transferencia de la Guardia Nacional a manos civiles, pero de momento no hubo comentarios.

Desde septiembre del año pasado la Guardia Nacional quedó bajo el control del ejército luego de que el Congreso, controlado por el oficialismo, aprobó una reforma impulsada por López Obrador en esa materia. 

Los legisladores también aprobaron una reforma para extender hasta el 2028 la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Las reformas desataron fuertes críticas de opositores, activistas y organizaciones humanitaria que acusaron al gobernante de profundizar la militarización de México al dejar en manos de las fuerzas armadas la seguridad pública, algo que López Obrador había rechazado años antes de llegar al poder cuando se comprometió a sacar a los militares de las calles y regresarlos a los cuarteles.