Revela carta vuelos de la muerte

CIUDAD DE MÉXICO

Jesús Piedra Ibarra, un estudiante izquierdista que había dado el salto a la clandestinidad meses atrás, fue detenido por la policía en Monterrey el 18 de abril de 1975. Nunca volvió a saberse de él. Como a tantos otros jóvenes de ideas zurdas, disidentes del régimen del PRI, militantes y campesinos echados al monte en guerrillas pobremente armadas, el Gobierno mexicano lo desapareció. 

Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, emprendió una búsqueda de por vida, hasta que murió el 16 de abril de 2022. No pudo encontrarlo, pero por el camino se erigió en una leyenda de la defensa de los derechos humanos en México, creadora del Comité ¡Eureka!, una de las primeras organizaciones de búsqueda de desaparecidos del país. El 26 de mayo de 2004, Ibarra de Piedra recibió una carta. La firmaba un tal Benjamín Apresa, un nombre desconocido, seguramente falso, que se presentaba como un militar desertor que quería saldar deudas con su conciencia. En la misiva, había cinco páginas escritas a máquina con 183 nombres: la identidad de las víctimas, según el anónimo soldado, que el Ejército había arrojado al mar de Acapulco durante los llamados vuelos de la muerte.

Las cinco páginas han dormido durante 20 años en los archivos de ¡Eureka! Quizá Ibarra de Piedra no llegó a leerlos; quizá no creyó lo que veía; quizá se negó a creerlo, el rechazo de una madre que buscaba vidas a asumir la muerte; quizá la carta se traspapeló entre otras carpetas y documentos oficiales. Hasta este miércoles, cuando la periodista Marcela Turatti, una de las principales investigadoras tras las huellas de la Guerra Sucia, ha dado a conocer los papeles en el portal Quinto Elemento.

La lista de casi 200 nombres de presuntos represaliados incluye la bitácora de 24 "viajes" y un "viaje especial" sobre el Pacífico desde la Base Aérea Militar Nº 7 de Pie de la Cuesta, un pueblo a un costado de Acapulco. Durante los vuelos, entre 1972 y 1974, los soldados lanzaban a los presos contra el océano. Algunos ya estaban muertos. A otros los ataban a sacos cargados de piedras o metales para que se hundieran. Otros llegaban al agua agujereados a cuchillo para que la sangre atrajera a los tiburones.

No hay duda sobre la existencia de los vuelos de la muerte. Es un hecho probado: la información al respecto habla de más de 200 viajes que despegaron desde Pie de la Cuesta entre 1975 y 1981, siguiendo la estela de otros Gobiernos represores de la época como el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla. Lo que todavía está en duda es la veracidad de los 183 nombres, 174 hombres y nueve mujeres, recogidos en la lista del soldado arrepentido. Su identidad no ha podido confirmarse y no aparece nadie con ese nombre "en los organigramas de quienes participaron en la contrainsurgencia en ese periodo. Aún está por resolverse si era información falsa para entorpecer las investigaciones de las familias o dar carpetazo a sus búsquedas", señala Turatti.

Los expertos que estudian los documentos y los contrastan con testimonios de militares y supervivientes de las torturas, así como informes castrenses de la época, creen que la carta puede ser verídica y sostienen que hay datos que coinciden, pero piden cautela hasta poder confirmarlo al 100%.

La revelación de la carta es importante porque, de confirmarse su contenido, constituiría la primera lista con las identidades de las víctimas de los vuelos de la muerte. Pese a la precaución de los investigadores, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y otras autoridades han contactado a familiares de los desaparecidos y colectivos de búsqueda para dar a conocer los documentos, explica Quinto Elemento. Tanto los parientes como los integrantes del Comité ¡Eureka! desconocían la existencia de la misiva.

GUERRERO, EPICENTRO DE LA REPRESIÓN

La carta no solo registra los nombres de las presuntas víctimas. También sus seudónimos en la clandestinidad, el lugar en el que fueron secuestrados y la unidad militar que los capturó. La mayoría de los represaliados, 164 de 183, fueron apresados en Guerrero, un Estado terriblemente convulso en aquellos años en los que el marxismo penetró en las escuelas rurales y los campesinos indígenas, cansados de dejarse la vida en el campo a cambio de casi nada, formaron guerrillas contra el régimen de caciques y latifundistas arropados por el PRI. De esa época es la guerrilla de Lucio Cabañas, el profesor emblema de la escuela de Ayotzinapa que fundó el Partido de los Pobres y tomó las armas. Muchos de sus seguidores acabaron arrojados al fondo del Pacífico.

La represión no fue solo contra los guerrilleros: también contra los civiles sospechosos de simpatizar o ayudar a los insurgentes. Tras el arresto y las salvajes torturas en la base militar, se los llevaban en dos aviones israelíes Arava o en helicópteros, a menudo de noche. La forma de deshacerse de los cuerpos hace imposible que tantas décadas después las familias puedan recuperar los restos. Documentos como este son la única manera de que muchas personas consigan las respuestas que el Gobierno y el Ejército les han negado sobre sus seres queridos.

La misiva enviada por el soldado Apresa apuntaba como principal culpable de los vuelos de la muerte al capitán Javier Barquín Alonso, segundo comandante del grupo operativo de la Policía Militar y del Grupo Zorba, subordinado del coronel de infantería Francisco Quirós Hermosillo. Ambos han sido señalados en los últimos años como responsables de la represión. Como recuerda Turatti, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) acusa a los dos militares y al general Mario Arturo Acosta Chaparro de desaparecer a 143 personas (durante la Guerra Sucia, se calcula que unas 1.200 personas fueron desaparecidas a manos de las fuerzas de seguridad). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida por Rosario Piedra Ibarra, la hija de Ibarra de Piedra, registra 532 casos.

A raíz de la revelación de la carta, la CNB y la Secretaría de Gobernación han creado un grupo de trabajo para investigar su contenido. También organizaciones de derechos humanos como Fundar, el Centro Prodh y Artículo 19, que conducirán un peritaje independiente, y enviarán la misiva a la Fiscalía General de la República para que haga lo propio. Todos los caminos apuntan de nuevo al Ejército y la base de Pie de la Cuesta.