Pega a alcoholeros el nuevo impuesto

Matamoros, Tam.

La comisión de síndicos y contadores de las Cámaras de Comercio de Tamaulipas manifestó que las ventas de las empresas locales que se dedican a distribuir y comercializar bebidas con contenido alcohólico han reportado pérdidas directas y caída de hasta un 60% solo en el primer mes de aplicación atribuible de manera directa al nuevo impuesto al tabaco y alcohol, publicado en la Ley de Ingresos del Estado en diciembre.

En pleno el órgano colegiado dio a conocer que la medida ha convertido a Tamaulipas en punto de venta para empresas de estados foráneos que tienen la capacidad de no cobrar el impuesto y lo traducen como un ahorro final, por lo que lo que un gran número empresas de Tamaulipas han mermado sus ventas en márgenes de 60 por ciento han tenido que despedir personal y algunas se encuentran analizando el cierre definitivo.

Los expertos legales y contables reunidos identificaron al Sub Secretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas como el funcionario que ha venido a descomponer la estabilidad en el esquema tributario de Tamaulipas al hacer más burocráticos y complejos los procesos de pago, servicios y multas en las oficinas fiscales pero además lo acusan de diseñar o proponer esquemas de impuestos sin el suficiente respaldo técnico legal y operativo que garantice un beneficio a las arcas estatales sin romper el equilibrio tributario y afectar empresas y fuentes de empleo.

Para finalizar señalaron que buscarán un diálogo directo con el gobernador para analizar la gran cantidad de deficiencias que se han propiciado desde la secretaría de Finanzas tan solo en el último año con cambios sin sustento que afectan enormemente la economía estatal y lesionan a las empresas.

ESTIMACIONES
Pérdida mayor a lo recaudado 

Los especialistas después de analizar este impuesto concluyeron que en el caso de Tamaulipas por su condición fronteriza y situación geográfica solo convirtieron al estado como un punto de venta foráneo para el alcohol y tabaco.

Estimaron que las pérdidas reales a la economía estatal pudieran ser tres veces mayores a lo que se pretende recaudar, esto sin tener la garantía de que la recaudación será efectiva y con la amenaza de una gran pérdida de empleos.