Pende Cabildo de un hilo
Amenaza jueza con destituir a regidores y alcalde de Río Bravo; fallo judicial fue promovido por empleada despedida en 2010, a la que siguen sin liquidar conforme a la ley
La Tarde / Staff
Una jueza federal aplicó una multa en lo individual por 10 mil 374 pesos a cada uno de los 19 miembros del Cabildo de Río Bravo y advirtió de cese para todos ellos si no paga el Ayuntamiento una deuda de cerca del millón y medio de pesos a una exempleada municipal como indemnización.
El laudo de sentencia salió esta semana en la que la autoridad judicial da un plazo de tres días, después de la notificación, para que se cumpla el acuerdo o, de lo contrario, también se daría vista al Ministerio Público federal por el delito de desacato.
La multa de más de 10 mil pesos que la jueza aplicó contra los miembros del Cabildo ha causado malestar entre ellos, ya que consideran injusto el que tengan que pagar por algo de lo que dicen, no son responsables.
La titular del Juzgado Décimo Primero federal, Rosa Cortez Torres, con sede en Ciudad Victoria, advirtió con "separar" de su cargo y "consignar" ante la Fiscalía federal a todos los integrantes del Cabildo de esta frontera, incluyendo al alcalde Joel Yáñez Villegas.
Según el acta de sentencia en el juicio de amparo número 1621/2023, promovido por Zenaida Pérez Dionicio, quien trabajó en el área de intendencia del Ayuntamiento riobravense, la mujer ganó una demanda laboral por más de 1.5 millones de pesos en contra del municipio desde antes del 2010.
Entre los demandados están los síndicos Verónica Salazar Ávila y Salomón Reyes Trejo junto con los regidores Alma Contreras Lara, Adrián Becerril Candanoza y Soraida Coss Oliva.
Además, también incluyó en su sentencia de juicio al tesorero municipal, José Montoya Ramírez y al titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, Óscar Godoy Espinoza.
Rosa Cortez, a través de la sentencia, ordena pagar en un plazo de menos de tres días, después de la notificación oficial, un monto de millón 532 mil 274 pesos con sesenta centavos a favor de la demandante, exempleada municipal, quien actualmente vende tamales para poder subsistir.
La orden judicial proviene del juicio laboral 14/M/2010 presentado 13 años atrás por la exempleada y superado en varias instancias
procesales.
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