Sentencian a 9 años de prisión a Yarrington

Un juez de Estados Unidos sentenció a nueve años de prisión al exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba por el delito de soborno y lavado de dinero.

Yarrington Ruvalcaba gobernó Tamaulipas en el periodo de 1999-2004, quien fue detenido en abril del 2017 en Florencia, Italia, en respuesta a dos fichas rojas de la Interpol. La primera solicitada por México en el 2012, y la segunda por Estados Unidos en 2016.

De acuerdo con los expedientes, Tomás era solicitado por ambos países por nexos con el crimen organizado. Este miércoles el juez federal de distrito Rolando Olvera condenó a Yarrington a nueve años de prisión, pero lleva seis en prisión preventiva en EU, desde que fue extraditado de Italia.

"Con la sentencia de prisión de hoy para Yarrington concluye una investigación internacional de varios años y de varias agencias que abarca dos continentes y concluye con llevar a un político corrupto ante la justicia", se lee en la sentencia.

A inicios del 2021, Tomás Yarrington se declaró culpable de recibir 3.5 millones de dólares en sobornos de particulares y empresas privadas en México para hacer negocios en Tamaulipas, dinero con el que adquirió propiedades en Estados Unidos, por lo que restaba recibir la sentencia.

La investigación de años reveló que utilizó prestanombres para comprar propiedades frente al mar, desarrollos comerciales, aviones y vehículos de lujo.

"Los agentes especiales de Investigación Criminal (CI) del IRS son expertos en rastrear el dinero en un delito financiero, y encontramos mucho dinero para seguir que ayudó a desentrañar la empresa criminal de Yarrington", dijo el agente especial interino a cargo Rodrick J. Benton del IRS. -Oficina local de CI en Houston.

Así, al exgobernador le quedan tres años de prisión, restando el tiempo en medida cautelar, sin embargo, aún es solicitado por las autoridades mexicanas, y al cumplir su condena en EU, la justicia podría detenerlo y ponerlo a disposición de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo reclama por los delitos de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, delitos contra la salud, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero cometidos de 1998 a 2013 en los estados de Tamaulipas, México.