Acusan revisiones invasivas y maltrato a los conductores

Ciudadanos han expresado su inconformidad por el trato recibido durante las revisiones de seguridad implementadas por la Guardia Nacional en diversos puntos de la ciudad; aseguran que las inspecciones, que buscan detectar drogas, armas o personas ilegales, están siendo realizadas de manera invasiva y con un trato despectivo hacia los conductores y pasajeros, lo que ha generado malestar en la comunidad.

La abogada Lorena Moreno, quien se ha pronunciado públicamente sobre esta situación, calificó las revisiones como "ilegales, inconstitucionales e inútiles", además de considerar que son "aberrantes". Moreno detalló que en las revisiones los agentes de la Guardia Nacional abren la cajuela, el motor, las puertas de los vehículos, e incluso descienden a las personas de sus automóviles; además, mencionó que se utilizan perros para realizar los registros, lo que provoca un trato desigual hacia los ciudadanos.

"Están tratando a todos los ciudadanos como si fueran sospechosos, como probables delincuentes, lo que es completamente injusto; es indignante que se vulneren los derechos de la gente que cumple con la ley", expresó la abogada, quien se mostró especialmente preocupada por la contradicción que, a su juicio, representa el hecho de que se respeten los derechos de personas buscadas por delitos graves, mientras que a los ciudadanos comunes se les somete a este tipo de revisiones sin justificación suficiente.

Moreno sustentó su posición en el artículo 116 de la Constitución Mexicana, el cual establece que "Nadie puede ser molestado en su persona sin que medie una orden judicial que lo motive o justifique". La abogada recordó que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que las autoridades no deben tratar a las personas como culpables sin contar con pruebas objetivas.

 "Todos debemos ser tratados por la autoridad partiendo de la presunción de inocencia y no del sospechosismo".

La abogada también se refirió a los niveles de contacto establecidos por la ley, los cuales señalan que una revisión o detención temporal debe basarse en una "sospecha razonable", no en el capricho de la autoridad. "Para proceder a un segundo nivel de contacto, como lo son las detenciones o revisiones exhaustivas en los retenes, debe haber hechos objetivos que justifiquen esta actuación, no sólo la intuición de los agentes", afirmó.

Por último, Moreno expresó su indignación por la actitud pasiva de la sociedad ante estas prácticas, señalando que el silencio de la comunidad contribuye a que estas violaciones a los derechos humanos continúen. "Me indigna la actitud de la sociedad, que con su silencio lo permite; todos debemos alzar la voz y exigir que se respeten nuestros derechos", concluyó la abogada.