Arrastra Salgado 3 años de violencia

Chilpancingo, Guerrero

La morenista Evelyn Salgado Pineda cumplió tres años al frente del Gobierno de Guerrero, que han sido marcados por la violencia, el crecimiento de las organizaciones criminales, la opacidad en el gasto público y escándalos de funcionarios del gabinete estatal. 

Teniendo a su lado a su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, con el que comparte el poder, la morenista ha desaparecido de la escena pública en momentos en que su Administración ha enfrentado crisis generadas por la violencia criminal, protestas sociales o devastaciones por los fenómenos naturales.

Desde el arranque de la Administración estatal, Salgado Macedonio le armó gran parte el gabinete a su hija desde las cafeterías o centros sociales a donde llegaba la gente para darles su nombramiento.

El 6 de octubre de 2022, cuando todavía no cumplía un año en el cargo, integrantes de la organización criminal de la Familia Michoacana (FM) masacraron a 20 personas en San Miguel Totolapan, entre ellas al Alcalde Conrado Mendoza Almeda y su papá, el exedil Juan Mendoza Acosta, así como a líderes locales del PAN y PRD de la región de Tierra Caliente.

El poder de los integrantes de la Familia Michoacana en Tierra Caliente se mantiene intacto y después de San Miguel Totolapan perpetró otros hechos de violencia, entre los cuales figuró la masacre de siete personas en la comunidad de El Durazno y la irrupción en la cárcel de Coyuca de Catalán, donde plagiaron a un preso, que después fue asesinado y descuartizado.

La violencia criminal en estos tres años de Gobierno de Salgado Pineda se extendió a otras zonas de Guerrero, como en la capital Chilpancingo, donde en julio de 2023 se desataron balaceras, las cuales paralizaron la actividad económica y durante varios días la gente se impuso un toque de queda.

La ola criminal se desató tras difundirse en redes sociales un video donde se ve a la entonces Alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández en una reunión con Celso Ortega, líder del grupo "Los Ardillos". 

La crisis de inseguridad se reflejó el 11 de julio del año pasado, cuando habitantes de municipios de la zona centro, donde tienen su bastión "Los Ardillos", bloquearon la Autopista del Sol y tomaron varias horas el Palacio de Gobierno y se llevaron un vehículo blindado llamado Rhino de la Policía Estatal.

De acuerdo a un mapa de zonas con semáforo rojo que elaboró el Gobierno de Guerrero, en estos tres años del Gobierno morenista las organizaciones criminales han tenido un crecimiento territorial en donde imponen el control de los precios de los productos básicos, regulan las tarifas del servicio de transporte y hasta en algunos casos las medicinas. 

En los municipios que están bajo su dominio imponen a funcionarios, principalmente en las áreas de Seguridad Pública, Obras Públicas y Gobernación.

De acuerdo con las autoridades estatales, cuatro grupos del crimen organizado dominan más de la mitad de los 83 municipios de Guerrero: "Los Ardillos" tienen presencia en 26 municipios, la Familia Michoacana en 18, "Los Tlacos" en siete y "Los Rusos" en seis.

Los municipios de Acapulco, Taxco y Zihuatanejo de Azueta, que por su vocación turística generan la derrama económica más importante en la entidad, están asediados por organizaciones del crimen organizado.

En Acapulco, donde el Gobierno federal mantiene una plantilla de 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN), la violencia está imparable con homicidios, cobro de piso y ataques a negocios y al transporte público.

En Taxco, donde la operación de las organizaciones criminales paralizó la actividad económica durante 2023 y 2024, dos hijos del ex Alcalde Mario Figueroa Mundo están bajo proceso judicial acusados por la desaparición de personas y media decena de policías municipales permanece detenida bajo cargos de homicidio y desaparición forzada.

Destituciones

Otro momento de crisis en el Gobierno de Salgado Pineda se registró en marzo pasado, cuando policías estatales asesinaron a balazos al estudiante de la normal de Ayotzinapa, Yanqui Khotan Gómez, lo que provocó movilizaciones para exigir la destitución de la mandataria estatal.

Salgado Pineda destituyó al secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y al General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, por haber inventado que el normalista asesinado y otros dos estudiantes, que resultaron ilesos, estaban drogados, alcoholizados y que portaban armas con las que habían disparado contra los agentes.

A solicitud de la gobernadora, el Congreso local destituyó a la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos.